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Caminos de Paz para los Trabajadores

Escrito por Editorial N.451 / Revista Insurrección

No hay duda, la paz se ha colocado como la principal aspiración de los colombianos al cabo de más de 70 años de guerra y conflictos que nos sacuden.

En las mayorías hay un consenso, el cual debe recrearse para hacer realidad la justicia social en un país de todos y todas, donde el primer articulado de un nuevo pacto social debe determinar, que Colombia le pertenece a todas las personas que la habitamos en igualdad de derechos, vida digna y oportunidades, pues el neoliberalismo ha profundizado la privatización del país, haciendo más grandes la brecha entre ricos y pobres.

En los actuales debates sobre la paz han estado ausentes el grueso de los trabajadores y trabajadoras, siendo uno de los sujetos más importantes de la vida económica y social del país, quienes deben participar en la construcción de las salidas políticas y por tanto ser sujetos constructores de paz.

La economía ha crecido en los últimos diez años, a ritmo del 4 por ciento, lo que debería significar un aumento en la calidad de vida de los trabajadores, en cambio han visto disminuidos sus ingresos y garantías prestacionales; porque las grandes ganancias se las embolsillan los dueños de la economía, a costa de mantener salarios de sobreexplotación.

Cada fin de año el régimen hace un alza en el salario mínimo que no alcanza a cubrir los costos de la canasta familiar. Apenas el 6,15 por ciento de los trabajadores del país devengan actualmente el salario mínimo, lo que quiere decir que éste decreto de aumento salarial sólo cubre a un millón 270 mil asalariados.

Lo más dramático es que 8 millones 800 mil trabajadores, el 42 por ciento del total, reciben un ingreso por debajo del salario mínimo; y sobreviven con ingresos que van desde 5 mil (2,5 dólares) hasta 12 mil pesos diarios, que no alcanzan ni para comprar lo mínimo básico de su alimentación y la de su familia.

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reporta, que el ingreso promedio mensual por persona en el país, es de 562 mil pesos (281 dólares), dato que no tiene sustento en la realidad, porque la mayoría de los trabajadores ni siquiera se acercan a devengar este salario.

Tan sólo un 51 por ciento de los trabajadores gana más de un salario mínimo, lo que representa un poco más de 9 millones de personas; la mayoría de las cuales no reciben ingresos de dos salarios mínimos, o sea un aproximado de un millón 200 mil pesos (600 dólares) mensuales.

Recientemente se le ocurrió al gobierno considerar, como pobre, a aquella persona que tenga un ingreso igual o menor a 208.400 pesos mensuales, menos de 7 mil pesos diarios; argumenta que con esta suma de dinero es suficiente para tener acceso a la canasta básica de servicios y bienes para vivir dignamente; cuando según estudios de la Escuela Nacional Sindical (ENS), se necesitan dos salarios mínimos para acceder a una mínima canasta familiar digna.

Debería el gobierno y los empresarios decirle al país la verdad; que sólo pauperizando la vida de las y los trabajadores, sólo aplicando una política restrictiva en los salarios y aumentando los niveles de pobreza, es posible para ellos seguir presentando un crecimiento económico y aumentando sus ganancias. Quien hace rentable al empresario es la pobreza de los asalariados y la explotación al máximo a la población trabajadora.

El régimen para mantener la explotación de los trabajadores, desconoce sus derechos mínimos, impide y criminaliza su derecho de organización. Por ello sólo 4 de cada cien trabajadoras y trabajadores colombianos, están organizados sindicalmente, demostrando la política antisindical del Estado colombiano.

Sólo el 2 por ciento de la población trabajadora puede presentar pliegos de peticiones e intentar aumentar la calidad de vida por la vía de la negociación colectiva con los patronos.

La coerción estatal contra la asociación sindical, le suman el terror de Estado contra los dirigentes sindicales para silenciarlos. Según estadísticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en 2013 fueron asesinados 36 sindicalistas y en 2014 hay registrados 18 nuevos crímenes. El Estado colombiano ha sido varias veces condenado como violador sistemático de los Derechos Humanos, porque además del asesinato de hombres y mujeres trabajadoras, mantiene una política de destierro, amenazas, hostigamientos y aniquilación de las organizaciones sindicales.

Una política de paz seria y de transformaciones debe cambiar esta situación radicalmente y orientarse a hacer posible una vida en dignidad a partir de un trabajo decente, que respete y promueva de manera efectiva el ejercicio de los derechos colectivos, sociales, laborales y políticos de los trabajadores y trabajadoras, reconociendo su papel de primera importancia en la construcción del país; por esto, las políticas neoliberales hacia el empleo, los ingresos y la desregulación laboral deben ser radicalmente cambiadas.

 

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