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Retórica de Paz y Preparativos de Guerra

El gobierno de Santos mantiene una política dual ante la paz. Mientras mantiene una retórica de paz, una Mesa de Diálogos en la habana con las FARC y un proceso exploratorio con el ELN, se fortalece para un futuro escenario de guerra.

 

Crece inversión bélica

Preparándose para la paz y el pos-conflicto, el gobierno ha comprado 16 helicópteros (incluida la modernización de los Arpía IV) y modernizado 24 más, 60 vehículos mecanizados, 32 Tanques LAVIII y 8 lanchas Hovercraft. Ha fabricado otro modelo de patrullera oceánica, modernizado submarinos, adquirió sistemas de vuelo no tripulados (drones), modernizó el sistema de defensa aérea, e incrementó el número de policías en el país.

Modernizó el componente operacional, con la creación de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana (FUTAM) como base de la brigada, que será la primera en su clase y, según el propio ejército, se enmarca en la transformación doctrinaria y funcional de las Fuerzas Militares de Colombia, de cara al "post conflicto". A la vez, tiene planificado crear nuevos cuerpos del ESMAD, para lidiar con el descontento social y la protesta.

En congruencia con estos hechos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha declarado que si se firma la paz con la insurgencia, la inversión en defensa aumentará. Consecuentemente, el gasto para la defensa en el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 - el periodo del post conflicto - es superior al del PND anterior (2010-2014).

En resumen, y en las propias palabras del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, el principio regidor de la modernización de las FF AA es “cortar la grasa pero no el músculo.”

 

“La guerra es la paz”

Para el Estado colombiano, los procesos de paz siempre han sido una extensión de la guerra, un dispositivo contra-insurgente, cuyo propósito esencial es la neutralización, pacificación y desmovilización de la insurgencia. Lo que no ha logrado en el campo de batalla -el exterminio de la insurgencia- el Estado espera lograrlo en la mesa de negociaciones. Por ello su concepto reiterado de “la paz como victoria sobre la guerrilla”.

En Colombia la guerra siempre ha sido un proyecto estratégico de acumulación de riqueza y control socio-territorial. Como botón de muestra, está el despojo de más 8 millones de hectáreas mediante el desplazamiento de más de 5 millones de campesinos, que no se hubiera logrado por otro medio que no fuera la violencia. Por ello investigadores, como el economista Héctor Mondragón, afirman que en Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra; sino que hay guerra para que haya desplazamiento.

La necesidad de abrir los territorios estratégicos -precisamente en tiempos de crisis económica- para el capital extranjero minero-energético y el agronegocio transnacional, implica que la guerrilla ceda su control sobre dichos territorios, para que el Estado pueda ofertar “seguridad inversionista” al capital transnacional. Es una pieza central en el rompecabezas de la modernización capitalista, que promueve la oligarquía colombiana y es ésta la motivación central del Estado para aventurarse en un proceso de paz con la guerrilla.

 

Un PND para la guerra

No es casual que en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, el Ministerio de Defensa juegue un papel en varios de los rubros estratégicos, como en la infraestructura vial, hidrocarburos, energía eléctrica y minería. Es decir, el modelo de desarrollo económico, contempla la participación protagónica de los militares durante el periodo contemplado como post conflicto.

Esto explica, en gran medida, por qué en el proceso de paz, el Estado colombiano ha vetado toda discusión sobre la doctrina militar y el futuro de las fuerzas armadas, mientras que insiste en el desarme y desmovilización de las FARC y el ELN. La fuerza pública de medio millón de efectivos es un engrane sine qua non de un proyecto de guerra, acumulación y control socio-territorial, que debe persistir con o sin guerrilla. De hecho, el actual Plan Nacional de Desarrollo se impone independientemente de cualquier proceso de paz, ignorando prácticamente todos los acuerdos logrados en la mesa de diálogo con las FARC, especialmente en lo que tiene que ver con tierras y desarrollo rural.

Por ejemplo, el ofrecimiento de los baldíos al gran agronegocio extranjero (proyecto de Ley 133) a través de la conformación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), entra en abierta contradicción con la defensa de la pequeña propiedad campesina, que es el principio que sustenta el primer punto de acuerdo de la Mesa de la Habana.  

Textualmente, el documento del PND pregona que: “El Plan Nacional de Desarrollo es el producto de la convicción del gobierno de llevar a cabo las reformas necesarias para consolidar la paz y abrir la puerta de la modernidad para el país. Las reformas se deben hacer, con o sin acuerdo en La Habana.”

 

El rostro del enemigo interno

Ahora bien, el modelo de crecimiento económico extractivista (sustentado en commodities y bienes primarios) implica la acumulación por despojo, y por tanto, mayor presión sobre los territorios y las comunidades. Naturalmente, las comunidades intensificarán sus procesos de movilización y resistencia en defensa de sus territorios y la naturaleza, como ha sido el caso de la lucha por los páramos, los humedales y la lucha por la Liberación de la Madre Tierra que valientemente adelantan de los indígenas del Cauca.

Como consecuencia, las fuerzas militares, en un ejercicio de diseño de escenarios, prevé como el más probable, un futuro donde el “sistema rival” -la insurgencia- negocie la paz, centre sus esfuerzos a crear movimientos políticos y sociales y que, por lo tanto, debe adaptar sus dispositivos militares para enfrentar la nueva cara del sistema rival.

Esto quiere decir que aun sin la existencia de una insurgencia armada, el Estado colombiano mantendrá la doctrina militar de seguridad nacional, basada en el concepto de que: el opositor político y social se sigue considerando un “enemigo interno”, que obligará a las fuerzas militares a modificar la táctica -la conformación de nuevos escuadrones del ESMAD- manteniendo una lógica de tratamiento militar al contradictor social y político.

En conclusión, la demora en el desarrollo de las mesas de diálogo con las FARC y el ELN, se debe a la dualidad de la oligarquía colombiana que opta por mantener una lógica de guerra, aun en tiempos de un posible postconflicto. El escenario futuro – aun con una insurgencia volcada a la política sin armas – sigue siendo la guerra. El Estado quiere mantener vigente su opción preferencial por la política y la economía con armas.

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