Los paros de trabajadores y las marchas de protesta popular hoy cubren las ciudades y campos de Colombia, en rechazo a las medidas anti populares del gobierno de Santos; más interesado éste, en garantizar la rentabilidad a los negocios de las grandes empresas, mientras recorta derechos fundamentales y aumenta el despido de trabajadores.

El régimen colombiano usa la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, como una excusa para arreciar la austeridad en el contrato laboral, el congelamiento salarial y de seguridad social. Este desolador panorama da cuenta de cómo la crisis permanente del modelo capitalista la pagan los pobres y las clases medias.

La informalidad laboral y la subcontratación por parte de las grandes empresas nacionales y transnacionales, son las alternativas para la supervivencia, con lo que suprimen posibilidades de sindicalización y organización, mientras privan de seguridad social a los trabajadores.

Los 334 mil maestros estatales siguen en paro nacional, liderados por la Federación colombiana de educadores (FECODE), con respaldo de estudiantes y padres de familia; ellos exigen aumento de salarios, acceso a un sistema de salud digno, reformulación de la evaluación, entre otras reivindicaciones.

Otros sectores movilizados como los sindicatos petroleros, la Universidad Nacional, los trabajadores de la Fiscalía, Asonal Judicial, sindicatos del sector salud y estudiantes, exigen sus propios derechos y se solidarizan con el magisterio.

En Cerro Matoso, sede de la principal productora de níquel de América Latina, los trabajadores libran una fuerte batalla contra la multinacional minera BHP Billinton, que pretende imponerles jornadas de 12 horas de trabajo. La histórica reivindicación de la jornada laboral de 8 horas, que se conmemora cada Primero de mayo, es una lucha vigente en Colombia, luego de más de un siglo de haberse iniciado.

Varios años lleva el magisterio exigiendo sus derechos básicos, ante un gobierno que aparenta dialogar y negociar con los trabajadores, como estratagema para enterrar con el paso del tiempo, los acuerdos y promesas que hace. Trato que caracteriza la política del régimen, ante todo reclamo de los colombianos. Está por verse si esta vez va a funcionar la política gubernamental de “garrote y zanahoria”, con los educadores movilizados.

A las clases dominantes hay que arrancarles cada derecho, con la presión popular, así lo han aprendido recientemente los campesinos, indígenas, afro colombianos, camioneros, trabajadores petroleros, jueces, etc. En esta coyuntura en que un sector de la elite gobernante dice buscar una salida política al conflicto, el desconocimiento y guerra punitiva contra los sectores de la sociedad colombiana que le protestan, muestra en los hechos la escasa voluntad de paz del régimen.

Se acerca el día en que las luchas dejaran de estar fragmentadas y se construirán escenarios de unidad popular, que permitan potenciar la resistencia y avanzar hacia un sistema justo, donde las riquezas, producto del trabajo colectivo, correspondan a la histórica consigna socialista: “De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades”.

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