youtube.com/1964eln,
@eln_voces

vocesdecolombia@eln-voces.com
tu_voz@eln-voces.com

Guerra Sucia, Torturas y el Palacio de Justicia

Escrito por Comandante Pablo Beltrán

Ocurrieron tres hechos históricos, durante el trigésimo aniversario de vigencia de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, promulgada por la ONU, el 10 de diciembre de 1984.

El 9 de diciembre, el Senado de los Estados Unidos reconoció que entre 2001 y 2009, sus agentes practicaron torturas inhumanas, contra millares de presuntos terroristas.

El día 10, la Corte interamericana de derechos humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano; por torturar, ejecutar y desaparecer a 17 personas, en noviembre de 1985, durante la retoma del Palacio de Justicia.

El viernes 12, el Tribunal superior de Medellín (TSM) declaró, que el Estado colombiano es responsable por acción y no sólo por omisión, de la guerra sucia desatada contra la oposición, desde décadas anteriores, por medio de los escuadrones paramilitares.

Los tres hechos tienen en común, que están soportados en verdades profundas, sobre la estrategia de guerra sucia de las minorías dominantes, el uso de contratistas y mercenarios para ejecutarla, la imposición de “la mentira como arma de destrucción masiva” y el desarrollo de múltiples mecanismos para bloquear la llegada de la justicia.

 

Violadores de leyes y valores

La Comisión de inteligencia del Senado de los EEUU, reportó el resultado de 5 años de investigación hecha al Programa de detección e interrogación, ejecutado por la CIA contra miles de presuntos terroristas, entre el 11 de septiembre de 2001 y 2009, en el que aplicaron Técnicas de interrogatorio reforzadas; con las que se “violaba la ley estadounidense, las obligaciones contenidas en los tratados internacionales y nuestros valores”.

Las obras donde el maestro Fernando Botero pintó el horror de la cárcel de Abu Ghraib, le dieron la vuelta al mundo en 2003; con ellas contribuyó a denunciar éstas Técnicas de tortura aplicadas a prisioneros iraquíes, por parte de carceleros estadounidenses.

Es necesario recordar que por la prisión de Guantánamo, pasaron 779 acusados de terrorismo y que sólo en Irak, las tropas de EEUU hicieron 18 mil prisioneros.

El reporte de la Comisión de inteligencia del Senado critica por “ineficaces”, a las Técnicas de interrogatorio reforzadas y las califica como “brutales”, pero se cuida de nombrarlas como son: un crimen de lesa humanidad llamado tortura.

El Informe dice, que hasta el 85 por ciento de este Programa de detección e interrogación fue ejecutado por contratistas privados, a quienes los EEUU proveyeron con herramientas legales, como la autorización del Secretario de Defensa, de diciembre de 2002, para aplicar 9 Técnicas de interrogación reforzada.

G. W. Bush, quien fuera presidente entre 2001 y 2008, en entrevista con CNN, el sábado 13, expresó que “diga lo que diga el Informe, (los contratistas) son patriotas”.

Por su parte el actual presidente Obama, también justificó el uso de las torturas, al referirse al Informe del Senado: "cuando hay una amenaza sobre las naciones, a menudo estas actúan con dureza". Antes, había dicho que su gobierno aplicaría una política de "no mirar hacia atrás".

Lo que queda claro, es que la política estatal de minimizar hechos tan graves como las torturas, presentándolas como “abusos”, prepara el terreno para que no se emprenda acciones legales, en contra de los responsables de perpetrarlas.

 

La justicia cojeó 29 años

La CIDH falló en contra del Estado colombiano, como responsable de las atrocidades cometidas por agentes suyos, el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando ordenó la retoma violenta del Palacio de Justicia, que acababa de ser tomado por la guerrilla del Movimiento 19 de abril.

El ex magistrado colombiano Nilson Pinilla, uno de los que elaboró el informe, que sirvió de base al fallo de la CIDH, en entrevista con la revista Semana, declaró que:

“Colombia creyó que diciendo mentiras iba a disfrazar una verdad, que era muy distinta a la que siempre se mostró. Hay prueba de que en la retoma del Palacio de Justicia salieron personas vivas, las cuales fueron sometidas a tratos inhumanos y torturas”.

La Corte demostró el colapso del sistema judicial colombiano, porque desde “que sucedieron los hechos se han evidenciado una serie de conductas, que han facilitado el ocultamiento de lo ocurrido o impedido y dilatado su esclarecimiento, por parte de las autoridades judiciales”.

Este colapso obedece a que el régimen dominante y el Estado que le sirve, siempre negaron sus responsabilidades en estos crímenes de lesa humanidad y cuando mucho minimizaron tales atrocidades; llegando al extremo de propagandizar que en el juicio a este Holocausto, los militares recibían un trato no justo, mientras se premiaba a la guerrilla, que realizó la toma violenta del Palacio.

Para los miles de casos de violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el conflicto interno que están por juzgar, el sistema judicial queda cuestionado por ser “juez y parte”; este colapso sigue facilitando que las clases dominantes no asuman la responsabilidad que les corresponde.

 

Los de arriba también son responsables

El TSM al condenar a alias Monoleche, uno de los lugartenientes del clan mafioso de los Castaño Gil, desarrolló la tesis jurídica, que implica enjuiciar tanto a los autores materiales, como a los determinadores de la guerra sucia, ejecutada a través de los grupos narco paramilitares.

Los magistrados María Consuelo Rincón y Rubén Darío Pinilla del TSM controvierten la teoría dominante en Colombia, según la cual:

a) los responsables de la guerra sucia son exclusivamente los paramilitares,

b) la ausencia del Estado permite el surgimiento del paramilitarismo y

c) si hubo alianzas de las Fuerzas Armadas estatales con los paramilitares, cada agente debe responder individualmente por ellas.

Los magistrados sostienen, que “el surgimiento y expansión de los grupos paramilitares, a diferencia de lo que se ha sostenido, no obedeció a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional. Por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de la mano de las Fuerzas Militares. En todo el país, donde quiera que surgieron y pasaron los paramilitares, había Brigadas, Batallones del Ejército y Comandos de policía para garantizar la seguridad... (El paramilitarismo) se convirtió en una política trazada, auspiciada, permitida y facilitada por los altos mandos de las Fuerzas Militares”.

El fallo exige a los “altos funcionarios que promulguen leyes y otros mecanismos con el fin de que los empresarios que financiaron (organizan y colaboran con) el paramilitarismo reconozcan su responsabilidad, pidan perdón, se comprometan a no participar nuevamente en el conflicto y contribuyan a la reparación de las víctimas… (Hace) una recomendación perentoria al presidente Santos y al presidente del Senado, para que adopten medidas que eviten que los funcionarios condenados por vínculos con paramilitares les transfieran su caudal electoral y sus propiedades a familiares o allegados”.

Concluye el fallo, que la negligencia y la no realización de investigaciones sobre casos graves de violaciones de Derechos Humanos, facilita el accionar del paramilitarismo, profundizando el daño y la desesperanza entre los colombianos, quienes han perdido la confianza en el Estado.

Por tanto, entre otras medidas, el TSM exige al presidente Santos que declare públicamente, que el Estado colombiano es responsable de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que cometieron los paramilitares y, por el daño y el dolor causado a las víctimas.

Categoría: