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El esquivo alivio humanitario

Escrito por Organizaciones sociales

Al finalizar el segundo mes de Cese al fuego bilateral, temporal, nacional (CFBTN), no rebajan las acciones de persecución contra las fuerzas políticas alternativas, ni el trato de guerra a la protesta social, ni la represión brutal contra la población privada de libertad en las prisiones colombianas. Por lo que “objetivo primordial de mejorar la situación humanitaria de la población” que tiene este Cese, sigue siendo de bajos logros. Estas son las acciones de persecución que hizo el régimen en la última semana.

 

  1. El domingo 19 de noviembre en San José de Apartadó la comunidad denunció la llegada de un grupo de paramilitares fuertemente armados al asentamiento en la vereda La Esperanza, allí entraron violando la propiedad y buscando a uno de los líderes locales, luego interceptaron a un poblador de la zona al que le dijeron:

 

“Sabemos que ese HP (sic) está aquí en La Esperanza y Gildardo Tuberquia En Mulatos son los que nos denuncian cuando nosotros pasamos por las fincas, pero ese jueguito se les acabó porque los vamos a sacar de sus casas como sea y por encima del que sea”. 

 

Además, denunciaron que pasado jueves 16 de noviembre, cuando llegaba al caserío de San José a recoger a su mamá, fue atacado a bala desde la base militar de El Mariano, a unos 200 metros, el joven Juan De La Cruz Guzmán Sucerquia, sufriendo varios impactos en su cuerpo y debiendo ser hospitalizado de inmediato. Finalmente aseguran que existe complicidad entre la Brigada XXI del Ejército y el paramilitarismo que hoy controlan esa región.

 

  1. El 21 de noviembre fue amenazada e intimidada por sicarios, Marlen Arévalo, líder social y defensora de derechos humanos en Guamal, Meta. Las amenazas son producto de la denuncia que venía haciendo por la construcción del pozo petrolero “Lorito” por Ecopetrol y la ANLA, sin los permisos constitucionales necesarios.

 

  1. Desde el lunes 21 de noviembre, hombres y mujeres detenidos en la cárcel judicial de Pasto - Nariño, dieron inicio a una huelga de hambre, a la que se sumaron 1.500 personas. Sus peticiones son mejores condiciones de Salud para los presos y denunciar las deficientes condiciones logísticas del plantel que tiene una sobre población de 200 por ciento.

 

  1. El miércoles 22 de noviembre La Red de Derechos Humanos del Putumayo dio a conocer la desaparición del campesino José Torres, de la vereda Brisas de Aguablanca, del municipio de Puerto Leguízamo. Los habitantes de la vereda manifestaron que unidades de la Infantería de la Marina habían hecho un despliegue militar durante esos días.

 

  1. El 23 de noviembre en la cárcel Tramacúa de Valledupar El prisionero Jorge Andrés Pérez D. 6982, denuncia que, a pesar de las tutelas falladas favorablemente para resolver la solicitud de traslado por enfermedad y acercamiento familiar, esta no ha sido cumplida. En su lugar ha recibido represalias por parte de la guardia y la administración del centro penitenciario, aislándolo de los demás compañeros e infringiéndole tratos crueles e inhumanos al dirigirlo a un calabozo de aislamiento.

 

  1. El 24 de noviembre en Belén de los Andaquíes, Caquetá, fueron encontrados muertos Mario Jacanamejoy Duverne y Prieto Coro que llevaban más de cuatro días sin saber del paradero. Jacanamejoy era líder del pueblo Inga, hacia parte de la mesa de concertación de los pueblos indígenas del Caquetá y pertenecía al movimiento político

 

  1. El día 24 de noviembre, fue agredido brutalmente el preso político del Ejército de Liberación Nacional, Edwin Londoño, recluido en el Patio C, del Establecimiento de reclusión del orden nacional de Pedregal - Antioquia, por un recluso paramilitar de las llamadas Autodefensas Gaitanistas.

 

  1. El 24 de noviembre en Tumaco, Nariño, Henry Castellanos conocido como “Romaña” dirigente del partido político de las FARC, tuvo que salir de la Zona Veredal, porque se encontraba amenazado por las bandas paramilitares que asechan esa región. Asegura, además, que esta situación es común en todo el país, producto del incumplimiento del gobierno de los acuerdos pactados hace un año; con lo que pone en riesgo a excombatientes y líderes sociales.
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