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El posconflicto paramilitar

Escrito por Lucía Serrano

La clase dirigente ha argumentado no solo que el fenómeno paramilitar ha terminado, también ha tenido el cinismo de lavarse las manos frente a su complicidad para que este permanezca. Contraria a esta afirmación se encuentra la realidad del país, donde el fenómeno no solo crece, sino que demuestra su estrecha ligazón con el proyecto político del conjunto de la oligarquía en las zonas mas apartadas del país, donde por acción u omisión le favorece.

 

La verdad que ocultan los medios

La Defensoría alerta sobre una arremetida de las Autodefensas Gaitanistas que ya están en 15 de los 30 municipios de Chocó. Su presencia y actividad aumentó, sobre todo después del 31 de enero, cuando los Frentes 57, 34, 30, Aurelio Rodríguez y la columna móvil Libardo García de las Farc comenzaron a trasladarse desde las zonas de pre agrupamiento1.

Esta es la situación que se vive en 27 de los 32 departamentos del país, lo que evidencia la continuidad de las realidades del conflicto armado a pesar de las falsas expectativas que el régimen ha generado con la palabra posconflicto, que ha significado para el periodo del 2016-2017 más de 395 amenazas, 83 asesinatos, 44 personas heridas, nueve desaparecidas y doce más torturadas a manos de paramilitares2.

La expansión reciente se ha dado en relación a cuatro fenómenos: la concentración de las FARC en los lugares definidos en los acuerdos, el avance de la extrema derecha, el negocio de las empresas trasnacionales que continúan saqueando los territorios y la ocupación de areas tratégicas para rutas de narcotráfico.

Contrario al discurso oficial que señala la existencia de garantías para el ejercicio de la política, base para que las FARC dejen de existir como insurgencia, el paramilitarismo se ha encargado de mantener el terror contra el movimiento social, al asesinar a sus líderes y defensores de derechos humanos (41 casos hasta abril de 2017 según la Human Right Watch).

Así mismo, su ligazón con la extrema derecha es clara en sus discursos y acciones. En los panfletos paramilitares de las AGC señalan a los supuestos auxiliadores de la guerrilla, a los vagos y a la amenaza castro-chavista (igual que el Centro Democrático). Sus acciones han sido la antesala de la campaña política del Uribismo, como lo fue el Paro Armado decretado en Antioquia, la Costa Atlántica y la Costa Caribe, donde los más de treinta ataques y cuatro asesinatos3, fueron la apertura de la marcha uribista de inicios del 2016.

Si bien la financiación de grupos paramilitares por parte de empresas transnacionales como la Chiquita Brands fue considerada desde inicios de 2017 crimen de lesa humanidad, parte del copamiento paramilitar sigue siendo auspiciado por las empresas nacionales y transnacionales que hoy en día siembran palma y roban oro, gas y petróleo en todo el país. 

 

Estado y paramilitares

Si el avance paramilitar esta ligado a los cuatro factores antes mencionados ¿Que lo diferencia del paramilitarismo “antiguo” para que el gobierno y los medios masivos se den el lujo de llamarle bacrim?

El surgimiento del paramilitarismo es parte del proyecto político de la oligarquía, que a través de una estrategia de las Fuerzas Militares ligada al desmonte de la amenaza comunista financiada por Estados Unidos, buscaba copar territorios para el desarrollo forzado del modelo económico, con un claro carácter contrainsurgente.

Se puede argumentar que el paramilitarismo no es amigo de Santos o que incluso este se ha comprometido a combatirlo. Sin embargo, la realidad lo confirma, ya que si bien el paramilitarismo actual se liga con el uribismo, lo cierto es que éste no combate de ninguna manera el  modelo económico que comparte el conjunto de la oligarquía pues sigue siendo ejército privado de las transnacionales. Por su parte, las políticas de combate al paramilitarismo del gobierno Santos no son mas que promesas y distantes de cumplirse.

Las instituciones en el gobierno actual siguen teniendo una relación cómplice. Algunos territorios donde incursionan los paramilitares, como San José de Apartadó, Tumaco, Buena Ventura, son territorios con fuerte presencia de las FF.AA, que se han negado decididamente ante las comunidades a combatir este fenómeno e incluso amenazan a la población por denunciar este fenómeno.

 

La justicia cómplice

La justicia colombiana ha sido cómplice en la reactivación paramilitar, ya que a través de la ley de Justicia y Paz ha permitido que los antiguos jefes paramilitares como Ramón Isaza, para colocar un solo ejemplo, queden en libertad y vuelvan a los territorios que habían aterrorizado desde los años 90's.

Los habitantes de estos territorios ya reconocen que los mandos de las incursiones actuales son los mismos que llegaron bajo el mote de las AUC, y la acción coordinada en distintas partes del país confirma que no son simples bandas criminales localizadas.

De la misma forma actuará la Justicia Especial para la paz, a la que Martín Llanos, Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio', y José Gélvez Albarracín, alias 'Canoso', y otros jefes paramilitares buscan acogerse. No hay que mirar al futuro para ver esta complicidad, ya que con la salida del general Uscátegui, señalado por la masacre de Mapiripán, se constata el tratamiento estatal a los crímenes de lesa humanidad que deja este fenómeno.

Si esta relación del paramilitarismo, el aparato estatal y el modelo económico; donde el Estado colombiano no reconoce su participación en su creación y permanencia, será muy difícil terminar con este flagelo que impide las transformaciones sociales que necesita el pueblo colombiano y en los que se concretaría la paz que esperan las mayorías.

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