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Colombia se moviliza

Escrito por Eduardo Pérez y Lucía Serrano

En el país se viven momentos de movilizaciones sectoriales, regionales y nacionales, debido al histórico abandono estatal y los desastres del modelo neoliberal vigente, que ha significado mayor desempleo y más precarización de la vida para los trabajadores colombianos. Según el reciente estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, concluye que “En Colombia la informalidad laboral llega al 70 por ciento en el área urbana y al 88 por ciento en la rural” y “el 70 por ciento de la población ocupada no tiene cobertura pensional y del 30 por ciento que está cotizando para pensión, solo un 10 por ciento se va a jubilar por vejez”.

En el mes de los trabajadores, el gobierno de Santos nuevamente ha mostrado su desprecio a las reivindicaciones sociales, diciendo que no se puede cumplir porque no hay recursos suficientes, sin embargo, se aumenta el presupuesto para agudizar la guerra.

 

El paro de los maestros

Más de 330.000 maestros se movilizaron en diferentes ciudades del país para exigir el aumento de sus condiciones laborales y salariales ante los continuos desplantes del gobierno de Santos a las exigencias que desde el 2015 vienen reclamando.

Si bien los maestros se han sentado varias veces con el gobierno y han llegado a acuerdos, lo ganado en los años anteriores no soluciona la realidad que miles de profesores siguen padeciendo, sobre todo aquellos que están iniciando su carrera como pedagogos. Los escalafones inferiores no han sido tema de debate del gobierno de Santos, pues este sabe muy bien que las mayores exigencias se encuentran en este sector, que constituyen la mayoría de los maestros.

Un salario de hambre para jornadas laborales extenuantes, el deficiente servicio de salud que sufre la agonía propias del sistema de salud colombiano y una pruebas de ascenso desligada de la práctica pedagógica, son las razones de las múltiples movilizaciones de la mayoría de los maestros del sector público. Esto significa una exigencia por el aumento del 7.5 por ciento en el presupuesto educativo y el  10.6 por ciento del salario, promesas que se suman a la lista de incumplimientos del presidente Santos.

Mientras el magisterio prepara la toma de Bogotá para el 26 de mayo, también se le sumarán en las próximas semanas, los trabajadores judiciales y los miles de trabajadores del sector público, que comparten la misma precarización laboral, lo que demuestra el poco valor que para la oligarquía tienen quienes se encargan de los asuntos públicos del país.

 

Los paros cívicos de Chocó y Buenaventura

El sector público no es el único inconforme con el “no todo se les puede dar” de Santos. El pueblo chocoano ha salido a movilizarse en razón de los acuerdos incumplidos por este gobierno que se ha limitado a promesas de inversión de las cuales no se ha cumplido ni con el 2 por ciento, lo que profundiza el abandono histórico al que la clase en el poder ha sometido a este territorio, mientras se especializa en robarle los bienes naturales.

Las actividades cotidianas han quedado paralizadas, mientras el pueblo chocoano se moviliza, rescatando su identidad ancestral y la importancia de esta región para el conjunto de la sociedad colombiana. La convocatoria a paro cívico realizada en el año 2016 y continuada en este año 2017, demuestran un aumento de la organización social y una recomposición del tejido social chocoano, que se niega a ser silenciado, incluso ante la arremetida del paramilitarismo, hoy consolidado con la complicidad estatal; y el control mafioso y paramilitar de las actividades mineras de la región, que junto a la clase política, y a las empresas trasnacionales, reciben beneficios por la explotación del territorio.

El uso consciente de los bienes comunes, el control de las actividades minero energéticas y la garantía de derechos como el de salud, servicios públicos, vías de comunicación, alimentación y educación serán las exigencias que llevarán a la conformación de un gran movimiento regional, ejemplo de la necesaria confrontación que el pueblo tendrá contra la oligarquía, como resultado de planes de desarrollo que han olvidado las necesidades sociales de las regiones.

Por su parte, en Buenaventura, la comunidad entró en paro cívico desde el 16 de mayo. El pueblo se cansó del abandono y de las promesas incumplidas de los gobiernos de turno, incluido el actual que hace más de dos años prometió solucionar los problemas de la comunidad Bonaverense: servicio de agua potable (El 71 % de la población recibe entre 4 y 8 horas del servicio día de por medio), Salud (no hay un hospital de calidad, y la tasa de mortalidad infantil es de 27,6 por cada 1000 nacimientos, la más alta del país), educación (analfabetismo del 17 % y 50 % de los establecimientos públicos en malas condiciones), empleo (solo 27 barcos tienen permiso de pesca), control paramilitar en los barrios y territorios del puerto. La respuesta del estado a las reclamaciones de este pueblo no podía ser distinta a su ya tradicional política de criminal represión y deslegitimación mediática. Pero esta nueva lucha es la oportunidad para que la comunidad se empodere.

 

Vientos de Movilización

A estos paros se le suman el paro de taxistas y el paro del sindicato del INPEC que ha denunciado el hacinamiento existente de más del 48 por ciento  en las cárceles colombianas, encontrándose hoy en día en asamblea permanente y evidenciando la crisis social que tenemos en nuestro país.

Mientras el presidente Santos se encuentra ocupado, interviniendo en los asuntos internos de Venezuela, tratando de derrocar al presidente Maduro y censurando sus actos de gobierno, pretende no darse cuenta que Colombia naufraga en el crudo invierno de la miseria y que sus huestes militares y paramilitares todos los días siguen asesinando a los activistas y líderes sociales.

La doble moral de los medios de información colombianos, se hace visible cuando endiosan a la terrorista oposición venezolana y en cambio estigmatizan las protestas sociales y a las comunidades humildes, mientras ocultan la violencia con la que todas estas protestas de nuestro pueblo vienen siendo reprimidas.

El presidente Santos cada día está más deslegitimado y el mismo pueblo se ha tomado las calles para evidenciarlo. El pueblo sabe que la Paz son transformaciones estructurales del modelo y el Estado y reclama jugar su protagonismo político, como constructor de las alternativas que necesita el país.

Las exigencias del pueblo movilizado, hacen parte del Gran Diálogo Nacional, en el proceso de participación de la sociedad, para que la Mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, asuman esas propuestas como temas vinculantes, en la construcción de los consensos para la Nueva Colombia.

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