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Economía colombiana en crisis

Escrito por Emiliano Díaz

 

El primer semestre del año deja un panorama muy desalentador para la economía del país, si se tiene en cuenta el análisis del ministerio de hacienda y el fondo monetario internacional (FMI), que apuntaban a un crecimiento anual del 2,6 por ciento.   

Pero conocidas las estadísticas oficiales del primer trimestre, se evidencia que los pronósticos han fallado, pues el producto interno bruto (PIB) ha alcanzado apenas un 1,1 por ciento. Los renglones que antes fueron las locomotoras que jalonaban la economía, ahora presentan índices negativos como la minería, la construcción, la industria y hasta el comercio.

Como era de esperarse, los empresarios y el gobierno salieron a dar sus explicaciones, culpando a las movilizaciones sociales de los últimos meses, las consultas populares en contra de la mega minería y algunas acciones militares que ha realizado el ELN contra la infraestructura energética.

La realidad es que el Estado está al servicio del capital nacional y transnacional, por eso, lo importante es garantizar la tasa de ganancia capitalista, el pago de la deuda externa y aumentar los gastos para la guerra. Así se impone la política neoliberal, con todas sus medidas antisociales como  la nueva reforma tributaria, la devaluación del peso, el desempleo, más endeudamiento, el alto costo de vida, la apertura económica, la privatización de las empresas públicas, el extractivismo, la corrupción, aspectos que son las verdaderas causas de la crisis, que lleva a un mayor empobrecimiento de los sectores populares..

 

El gobierno se lava las manos

Hace unos días el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, aseguró que las protestas y los paros,  como el sucedido en Buenaventura, son los culpables de la crisis económica. Y afirmó también que las consecuencias económicas de las protestas  tiene que asumirlas la sociedad colombiana con impuestos.

También el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en declaraciones radiales, culpa al ELN por el bajo crecimiento económico del 1,1 por ciento, afirmando que los atentados a los oleoductos representó una caída en la producción petrolera de más del 10 por ciento y si la producción hubiera estado normal, el PIB hubiera crecido por encima del 1,8 por ciento.

Después de que se aprobó la reforma tributaria que subió el IVA del 16 al 19 por ciento, se reajustaron los impuestos para golpear directamente la economía de la clase trabajadora. Con un alto costo de vida y con una tasa de desempleo muy alta, donde el rebusque es la única alternativa, el colombiano de a pie se ve en apuros para sobrevivir, con el agravante que el Estado recorta la inversión social en educación, salud, vivienda y servicios públicos.

Por eso para el gobierno es fácil lavarse las manos y justificar la crisis económica en los paros y protestas sociales.  Protestas y luchas legítimas del pueblo colombiano por defender sus derechos. 

Además, el gobierno es servil para aplicar las recomendaciones de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), que ha propuesto crear una nueva reforma tributaria para el 2018, para rebajarle los impuestos a los empresarios y aumentarlos a los sectores populares, bajar los salarios y las prestaciones sociales y aumentar la edad de jubilación.  

En consecuencia es necesario que las organizaciones sociales y el pueblo organizado estén atentas a seguir movilizándose, para defender los derechos  que nos han sido arrebatados por siglos.

 

El capital por encima de la vida

Otra preocupación que tiene el gobierno frente a la economía del país, es las consultas populares que han hecho algunas comunidades en contra de la mega minería.

La actividad minero-energética es uno de los mayores aportantes para la economía de Colombia, aunque eso no se ve reflejado en los precios del combustible, uno de los más costosos del continente. Para el gobierno y los grandes empresarios las consultas en contra de la mega minería puede representar un atraso en el desarrollo del país. Desarrollo que desde la óptica de la oligarquía es un atraso en las políticas neoliberales del capitalismo.

Las consultas populares realizadas en Cumaral (Meta), en Cajamarca (Tolima) contra la mina La Colosa de Anglo Gold Ashanti,  y los que se han pronunciado en Cundinamarca, Antioquia y Caldas han sido en contra de la operación minera. Es claro los intereses del gobierno nacional y las transnacionales por la explotación y saqueo de los recursos naturales y bienes públicos.

Para la oligarquía del país y las multinacionales, el capital está por encima de la vida. Por ello no es de extrañar que estén preocupados por las consultas populares que defienden la vida, por encima del capital, porque se puede vivir sin los recursos extranjeros, pero no se puede vivir sin agua. Los capitalistas con la complicidad gubernamental, están provocando unos desastres ambientales irreversibles, con la contaminación de la aguas y el aire, matando los ríos o cambiando sus causes, acabando con la biodiversidad y el equilibrio ecológico, extinguiendo las especies de fauna y flora, generando el cambio climático, pobreza, destierro y muerte.

Por eso es importante que las regiones se sigan pronunciando en contra de la mega minería transnacional, que no solamente pone en peligro los recursos naturales, sino que pone en riesgo  la vida de los y las colombianas. Hay que estar atentos, porque el gobierno ha querido desconocer las acciones populares y proteger con ello la inversión y explotación extranjera.

 

Solo la lucha salva al pueblo

Las recientes movilizaciones son un gran ejemplo de la grandeza, la valentía y la beligerancia del pueblo colombiano, desplegando una variedad de formas de lucha, pero sobre todo, logrando una  importante vocación unitaria y capacidad de resistencia. Así, Chocó, Buenaventura, el Magisterio, Barrancabermeja, Manaure, entre los más importantes, logran arrancarle al gobierno reivindicaciones considerables y generan mayor confianza en las luchas.

Aunque el gobierno utiliza la represión, el desgaste, la división, el chantaje y la manipulación mediática para  desprestigiar y romper las jornadas de lucha, sin embargo, se ha logrado demostrar que el Estado si debe y puede devolver los recursos que le pertenecen al pueblo, y, que sólo la beligerancia popular los puede conquistar. Así, queda ratificado, una vez más, que la lucha es el único camino que le queda al pueblo para dignificarse.

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