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El asesinato de Iñigo y Jorge Luis, Otro caso donde profesa la impunidad

Escrito por Roberto Ruíz

 

Han pasado 18 años desde el asesinato del cooperante Vasco Iñigo Egiluz y el sacerdote Jorge Luis Mazo. Otro crimen entre los miles que ha cometido el paramilitarismo y que se mantiene en la impunidad. En su aniversario destacamos este hecho, pues siempre será necesario el ejercicio de la memoria, para que el olvido no se imponga como arma del enemigo.

 

A Iñigo y Jorge Luis los asesinaron los paramilitares el 18 de noviembre de 1999. Los hechos ocurrieron camino a Quibdó (Chocó), en su regreso de una misión humanitaria por las violaciones de Derechos Humanos que los paramilitares -sus verdugos- estaban haciendo en el Bajo Atrato. En medio de la noche, un bote de madera era su medio de transporte, el cual los dejaría en el puerto de la capital chocoana. Hasta que en un mortal ataque, los paramilitares embistieron la chalupa artesanal con una lancha rápida, saliendo expulsando por el aire todos los tripulantes. Mientras que los sobrevivientes pedían auxilio; los cuerpos sin vida de Jorge Luis e Iñigo fueron arrastrados por las aguas del rio Atrato.

 

Desde luego, este hecho no fue accidental. Los paramilitares decidieron acabar con la vida de estos dos defensores de Derechos Humanos, por apoyar a las comunidades en el municipio de Quibdó, y por llevar víveres a los pobladores que se resistieron al desplazamiento o que regresaron al Bajo y Medio Atrato. El Vasco Egiluz, se desempeñaba como cooperante de la organización Paz y Tercer Mundo (actualmente Mundubat), mientras que el cura Mazo, era el párroco y educador de la Parroquia San Pablo de Bellavista.

 

Los pedidos de justicia no se hicieron esperar. Tuvieron que pasar años, para que se declarara responsable a la Nación por este asesinato. “Declárase a la nación-ministerio de defensa-policía nacional, responsable de la muerte del sacerdote Jorge Luis Mazo palacio y del cooperante español Iñigo Eguiluz Tellería, sucedida el 18 de noviembre del año 1999” destaca la sentencia Nº 102 del Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó.

 

Solo al estudiar este caso se puede develar la responsabilidad e intencionalidad del Estado en el desarrollo del paramilitarismo en esta zona del Pacífico y en el resto del país, tal como lo denunció en su momento la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, sobre la permanencia de los paramilitares en la zona del Medio Atrato y del Municipio de Vigía del Fuerte y de la omisión y posible complicidad de las autoridades locales con este grupo criminal.

 

Cabe resaltar que este hecho ha sido de los pocos con fallo a favor de las víctimas. La cifra de amenazas, desapariciones, asesinatos, desplazamientos y torturas perpetradas por el paramilitarismo es alarmante; y como siempre, el manto de impunidad es el que reina y deja expuestos a un alto grado de vulnerabilidad a la población afrocolombiana, mestiza e indígena del Chocó. Sin embargo, el declarar culpable a la Nación por este hecho –o por casos similares en los que el Estado tiene responsabilidades por acción u omisión- resulta insuficiente si se tiene en cuenta la poca voluntad para la aplicación de justicia a los autores y cómplices del hecho; de igual manera, siempre hay trabas si se opta por recurrir a procesos de esclarecimiento de la verdad y proseguir con acciones de reparación para las y los afectados.

 

Casos como el de Iñigo y Jorge Luis son el pan de cada día, es una realidad que continúa golpeando a las comunidades que luchan por la vida y la dignidad. Contrario a lo que dice el gobierno, las estructuras paramilitares siguen vivas y han reforzado su estructura económica y militar a partir de las mismas prácticas de sangre y terror contra las poblaciones. El despojo no se hace esperar, familias son expulsadas de sus territorios, para la entrada de proyectos mineros extractivistas, de los que se benefician grupos financieros, multinacionales y políticos, donde el saqueo de bienes naturales, es su común denominador.

 

Esta realidad nos obliga como Ejército de Liberación Nacional, a no dejar solas a estas comunidades. A su vez, deberá ser una prioridad del movimiento popular acompañarles y ser solidarios en la defensa de sus territorios, de sus líderes, de la vida en el Chocó y en toda la región del Pacífico. Por su parte, el Estado deberá hacer lo propio en la aplicación de justicia, en la reparación y en garantizar que estos crímenes no se repitan. El sufrimiento del pueblo colombiano debe cesar.

 

El ejercicio de memoria que hacemos al recordar a todas y todos quienes dieron su vida por los desposeídos, debe animarnos a continuar la construcción de sus sueños, a no flaquear en la lucha contra la impunidad, con la consigna siempre presente: Verdad toda, Verdad Todos.

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