No existen terceros en la guerra Colombiana

Escrito por Alberto Grimaldos Barón

 

Se ha señalado que el paramilitarismo de las últimas décadas no hubiese sido posible sin el Cartel de Medellín y su cruenta violencia; se ha dicho también que surge como un resentimiento por el secuestro de Jesús Antonio Castaño —padre de los hermanos Castaño Gil— por parte de las FARC. Aunque seguramente se trata de factores que incidieron en la determinación del fenómeno, no se debe perder de vista que el paramilitarismo es, por definición, un dispositivo contra-insurgente del establecimiento.

 

Es sabido que a finales del decenio de 1960, la estrategia paramilitar se institucionalizó en Colombia; En principio, por la Ley 48 de 1968 —producto de las recomendaciones de la misión norteamericana dirigida por el general Yarborough— y, un año después, en 1969, por el Reglamento de combate contraguerrillas, según el cual: “Un oficial de enlace queda encargado de organizar, entrenar, equipar y movilizar las patrullas civiles (…)”.

 

En el contexto anti-comunista, se registra también —a finales del decenio de 1970— la aparición del grupo paramilitar “Alianza Americana Anticomunista” o “Triple A”, bajo la conducción de la “Escuela de las Américas” y de la cúpula militar colombiana. La “Triple A” participó de la Operación Cóndor, con la cual los Estados Unidos, mediante la guerra sucia y el terrorismo, pretendían neutralizar la izquierda política del continente.

 

Resulta, por tanto, indispensable evitar sesgos, mediados por señalamientos difusos que eluden y distorsionan su rasgo esencial, a menos que se quieran negar sus móviles como parte y —no como tercero— en el conflicto político colombiano.

 

Estimamos que esta consideración ha de permitir la adopción de posiciones coherentes; Más aún, cuando el fenómeno presenta aristas insoslayables: las bandas narcotraficantes herederas de las AUC, los para-políticos, la actividad de los llamados “terceros”, en calidad de financiadores o agentes determinantes de los paramilitares, y, en general, las estrategias contra-insurgentes en el país.

 

 

Los muertos son un asunto de Estado

Las primeras actividades del clan de los Castaño Gil fueron en el Cartel de Medellín y en el denominado MAS (Muerte a Secuestradores), grupo conformado a raíz de la retención de Martha Nieves Ochoa por parte del M-19.

 

Se dice, sin embargo, que Gonzalo Rodríguez Gacha —segundo en el Cartel de Medellín— es el responsable del adiestramiento de los escuadrones del narcotráfico, cuyos miembros comandaron los grupos paramilitares. Rodríguez Gacha buscó el ingreso al país del mercenario israelí Yair Klein para cumplir tal función. No obstante, durante una entrevista concedida a Caracol Televisión en 2007, Klein aseveró que su visita a Colombia fue solicitada por la Policía para entrenar a sus miembros.

 

Si bien la participación de los capos en las actividades contra-insurgentes es innegable, su “autoría intelectual” en las masacres e innumerables crímenes, no es del todo clara. En ese sentido, la extradición de 13 capos mayores a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, la hicieron para silenciar a los perpetradores materiales e impedir  que se conozca la verdad acerca de los determinadores de los crímenes; lo que representa un alivio para la elite dominante.

 

Según el investigador Manuel Giraldo, quien se apoya en la Revista Semana [No. 1.269, 28 de agosto/4 de septiembre de 2006], “El propio Carlos Castaño convocó a una Cumbre en Cartago (Valle), a la que asistieron más de 100 capos de la droga. Su intención era explorar la posibilidad de un sometimiento a la justicia. Apenas la mitad de ellos siguieron a Castaño y firmaron una carta dirigida al Departamento de Estado donde manifestaban su voluntad de buscar caminos para resolver definitivamente el tema del narcotráfico. Ni “Cuco Vanoy” ni “Macaco”, ni los “Mellizos” firmaron; tampoco lo hizo Diego Montoya, “Don Diego”, Cabeza del Cartel del Norte del Valle, porque sintió desconfianza al ver que hombres cercanos a Castaño se rehusaran a hacerlo. En esa ocasión, al igual que ahora, los abogados de los narcos encontraron una fórmula jurídica para eludir la extradición: convertirlos en delincuentes políticos. En otras palabras, poner el camuflado y la insignia de las AUC. Meses después, Castaño admitió que se marginó porque ‘lo que querían era comprar la impunidad’.”. [GIRALDO, M. Crónica oculta del conflicto. Fundación Editorial El Perro y La Rana. Caracas, 2010. p. 96.]

 

Pero, para identificar la posición de los capos en relación a las actividades contra-insurgentes, basta referirse a las investigaciones que se han adelantado en torno a las masacres perpetradas a finales del decenio de 1980. Por ejemplo, en noviembre de 1988, en el municipio de Segovia (Antioquia), el grupo de Fidel Castaño asesinó a 43 integrantes del Movimiento Unión Patriótica —posicionado en la región durante los comicios de 1988— y dejó heridos a otros 45. Las evidencias recolectadas, le permitieron a la justicia determinar como “autor intelectual” de la masacre al político liberal César Pérez García. Aunque Pérez García fue puesto en libertad por la legislación de entonces, tuvo que ser recapturado en 2010, junto a otros siete ex-congresistas, quienes, además, habían formado parte de la coalición oficialista durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

 

Un mes después de los sucesos de Segovia, en enero de 1989, otro grupo paramilitar, también bajo el mando de Fidel Castaño, cometió una masacre en el corregimiento de La Rochela, municipio de Simacota (Santander). En la “Masacre de La Rochela” —como se le conoció— se acribillaron doce funcionarios judiciales que adelantaban investigaciones en la zona. El paramilitar Alonso J. Vaquero responsabilizó al capo Rodríguez Gacha de impartir la orden. Pero, según declaraciones del “Negro Vladimir”, otro de los implicados, la masacre fue dictaminada por el ex-congresista liberal Tiberio Villareal Ramos. [La verdad final de la Masacre de La Rochela. El Tiempo (Colombia) 12 de octubre de 2010.]

 

La autoría de los crímenes y, por ende, las directrices con las que se producen, remiten a figuras del ámbito político, asociados al poder económico regional (latifundistas, narcotraficantes y empresarios). No obstante, investigaciones acerca de la magnitud del genocidio perpetrado en contra de movimientos sociales y organizaciones políticas en el decenio de 1980, arrojan que las determinaciones provinieron de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Estado. En efecto: en reiteradas oportunidades, las víctimas denunciaron el concurso en los crímenes de miembros del Ejército, del Departamento Administrativo de Seguridad, de oficiales de inteligencia y de otros organismos del Estado.

 

Para finales de la década de 1980, los Castaño Gil ya habían conformado varios grupos de abierto carácter contra-insurgente. “Frente Paramilitar Independiente de Liberación” o “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”, fueron algunos de los nombres que emplearon. Sería durante los primeros años del decenio de 1990, que los grupos de los Castaño se darían a conocer como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); Una antesala de las autodenominadas, desde 1997, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 

Se dice que los paramilitares de los Castaño mantuvieron un período de inactividad en los primeros años de 1990. En esos años, habrían participado de la creación de “Los Pepes” (“Perseguidos por Pablo Escobar”), organización integrada para la persecución del capo por sus enemigos y antiguos socios, en convenio con los Estaos Unidos, las Fuerzas Armadas y el “Bloque de Búsqueda” de la Policía. Los vínculos entre los Castaño Gil, los altos mandos militares colombianos y los EEUU Unidos se reforzaron de ese modo. Por entrevistas con el periodista Mauricio Aranguren, se sabe que Carlos Castaño llegó a reconocer que siempre tuvo “varios amigos” entre las Fuerzas Armadas.

 

Con la muerte de Escobar a finales de 1993 y la disolución de “Los Pepes”, se sucedió un proceso planificado de expansión paramilitar. Los Castaño Gil generaron entonces estructuras a lo largo del país; Hecho inmediatamente seguido por el abierto concurso de medidas legales que avalaban la creación de esos grupos. En efecto: a través del Decreto Ley 365 de 1994, las ACCU, al igual que otras organizaciones paramilitares regionales, se hicieron legales. Se les llamó “Cooperativas de Vigilancia” (CONVIVIR), y contaron con el auspicio de varios representantes del poder político, entre ellos, del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

 

 

Lo que se oculta detrás de la mafia

Sin el narcotráfico, el paramilitarismo no habría alcanzado las dimensiones que tuvo. Los paramilitares se valieron del tráfico ilícito, aún cuando se dice que Carlos Castaño llegó a oponerse al mismo para conseguir acordar con los EEUU su absolución. La extensión dada al cultivo para la producción de estupefacientes, el manejo de rutas y el control social necesario para usufructuar del negocio, son, de lejos, legados de las AUC a sus nuevos herederos, luego de haber pactado en Santa Fe de Ralito, con la directriz del ahora presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, su inserción en la legalidad.

 

Con la emergencia de grupos armados en zonas de reconocida actividad paramilitar, esa economía ha sido la preferente y predominante. Se estima que en los últimos cinco años los cultivos de coca se han extendido significativamente, en gran medida, a causa de las bandas conformadas por antiguos subordinados de los Castaño Gil.

 

Por ejemplo, se sabe que en el caso del Clan del Golfo, responsable de la mayoría de cultivos de coca en el occidente del país, sus dos altos mandos, los hermanos David Antonio y Juan de Dios Úsuga, pertenecieron a las estructuras de las AUC; pero también, que, anteriormente, habían integrado las filas del EPL. Aunque ello se explica por los conflictos que mantuvo las FARC con el EPL, la denuncia de las FARC, acerca de que sus ex-combatientes están siendo convocados por esa organización para ser empleados en actividades de “economía ilegal”, da cuenta de que las procedencias políticas son irrelevantes y, que, en su lugar, prima el fin lucrativo.

 

Lo anterior, sin embargo, no significa que las estrategias contra-insurgentes y, por ende, el paramilitarismo, hayan desparecido; Ese es el énfasis que nos interesa hacer.

 

Sin duda, son ineludibles las acciones en contra de dirigentes sociales, especialmente campesinos, indígenas y afrodescendientes. A la fecha (diciembre de 2017), organizaciones denuncian más de 270 incidentes en menos de dos años, los cuales contemplan amenazas, atentados, agresiones, secuestros, y una alarmante cifra de 180 asesinatos.

 

Al igual que en los decenios de 1980 y 1990, el uso de amenazas en contra de dirigentes de izquierda ha sido recurrente. Las amenazas son generalmente firmadas por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “Águilas Negras”, “Nuevo Renacer” (en el Caquetá) o “Héroes del Nordeste” (en Antioquia). Se asevera, por ejemplo, que Mario Castaño, uno de los más recientes líderes sociales asesinados (noviembre de 2017) en Belén de Bajirá (Chocó), habría recibido ese tipo de amenazas.

 

Los crímenes perpetrados por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia —algunos estiman que se trata del mismo Clan del Golfo— comprometen las regiones de Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato, Sur de Córdoba, Norte del Cauca y Valle; siendo, no obstante, los departamentos de Tolima, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cauca, los que registran la principal tasa de asesinatos.

 

El ascendente número de incidentes reitera un hecho evidente. Pese a las pretensiones de las FARC, aún no hemos salido del círculo de la guerra. Si asumimos, como parece lógico, que gran parte de las más de 22 estructuras armadas emergentes no mantienen móviles políticos claramente definidos, ¿cómo explicar esta violencia política?; O bien, esclarecemos la manera en que tan elevado número de asesinatos de líderes sociales pueden afectar las economías ilícitas de las bandas y grupos armados; o bien, optamos por recurrir a otra vía explicativa de los crímenes.

 

Nadie duda del poder territorial que puede ostentar el Clan del Golfo, la banda más grande del país. Cifras oficiales estiman que cuenta con más de 3 mil hombres en armas y las comunidades hacen constantes reportes de su presencia. Pero, acaso será el Clan del Golfo responsable de tan alarmante tasa de asesinatos políticos. La palestra parece ser la misma que en el decenio de 1980, cuando los crímenes contra la izquierda eran asumidos como un puñado de “casos aislados”, reducidos en su autoría a los Carteles de la droga o, eventualmente, a la delincuencia.

 

El Estado colombiano sigue implementando la guerra sucia. Cuando la mafia y el crimen no le es funcional, opta por recurrir a la realización de operaciones encubiertas, en las que las líneas divisorias entre el paramilitar y el “soldado institucional” se pierden. No obstante, conforme el Estado incurre en crímenes que no consiguen evadir la opinión pública, encuentra en las bandas “chivos expiatorios” para eludir responsabilidades.

 

Carlos Castaño solía afirmar que no asesinaba campesinos, sino “guerrilleros de civil”; el Ejército, por su parte, asesinó campesinos para presentar “positivos”. Existe una proximidad ideológica entre las Fuerzas Militares y los paramilitares; la misma identidad que ha existido entre los gobiernos colombianos y la doctrina anti-comunista de los EEUU.

 

Además de los denominados “Falsos Positivos”, el asesinato de 9 campesinos en Tumaco (Nariño) durante protestas en contra de la erradicación forzosa de los cultivos de coca, el pasado 5 de octubre, por parte de miembros de la Fuerza Pública —a ojos de todos— es muestra fehaciente de la magnitud del problema. Tendencia que, según parece, seguirá presentándose, pese a los procesos de paz con las guerrillas.

 

Sobre los incidentes de Tumaco, se aseveró acerca del interés de las FARC y de las bandas para impedir la actividad de la Fuerza Pública. No obstante, se desconoció que los manifestantes reclamaban la puesta en marcha de programas para la sustitución de cultivos, como fue pactado en La Habana. El mismo argumento fue reiterado en el Congreso de la República; pero, esta vez, a propósito de las dieciséis Circunscripciones Especiales de Paz que se acordaron con las FARC. Sectores de derecha se opusieron a su aprobación, bajo el pretexto de que suponían la inclusión en política de los narcotraficantes, dado que la mayoría procederían de zonas con presencia de cultivos de coca.

 

Lo cierto es que tanto en Colombia como en los EEUU los dineros del narcotráfico circulan libremente. Entidades oficiales han reconocido que en Colombia lavan más de ocho mil millones de dólares al año, provenientes de la economía ilícita. No existe, por tanto, un concurso pleno para el combate a la mafia; quizás sea esa la razón por la que las políticas antidrogas fracasan. En todo caso, en las regiones, las bandas del narcotráfico persisten bajo el beneplácito de policías y funcionarios, mientras en altos escaños del poder, reciben amparo de representantes, senadores y miembros de la rama judicial.

 

La razón presentada por los políticos que se opusieron a las dieciséis Circunscripciones Especiales sólo denota negación de la crisis social, e insistencia en la exclusión política. Con todo, el narcotráfico se ha convertido en un pretexto de los gobernantes para seguir fomentando la guerra sucia.

 

 

La verdad necesaria

Pese a las declaraciones de paz, las estrategias contra-insurgentes siguen presentes en el oficio de las Fuerzas Armadas y en las acciones para reprimir la protesta social. Las amenazas y asesinatos de líderes sociales no cesan y las operaciones en las que miembros del Ejército se hacen pasar por agentes paramilitares para atentar contra civiles, sigue siendo denunciadas por las comunidades. Los contubernios entre la Fuerza Pública y la mafia son un hecho y las actividades políticas de Álvaro Uribe Vélez y sus allegados siguen siendo lesivas para la paz y la democracia. La violencia política no ha terminado.

 

Por si fuera poco, el Congreso de la República ha exculpado a los promotores del paramilitarismo. Según lo determinó, no estarán obligados a presentarse ante los tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que, aunque acordada en La Habana bajo la pretensión de cobijar a otros actores del conflictivo —además de las FARC— ha sufrido alteraciones significativas, propinadas por los enemigos de la paz. Entre los mal llamados “terceros” —por cuanto se trata de agentes determinadores— y las mayorías en el Parlamento hay un mismo interés, eso es lo que reitera el hecho.

 

Una salida a la guerra sucia debe buscarse con el concurso popular y ciudadano. Los pobladores, las víctimas de la guerra, los combatientes, las organizaciones sociales, y la sociedad en general, deben comprometerse con la verdad y la justicia. La guerra a la impunidad debe ser la divisa. Sin ese concurso y una decidida participación en la definición de políticas estructurales, Colombia seguirá siendo la negación de la paz. Y esa verdad hay que decirla; hay que insistir en ella una y mil veces si es necesario.

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