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AI: “EL ESTADO DEBE ATACAR LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA”

Escrito por Claudia Isabel Velasco

“La pérdida de la vida de una persona que defiende los derechos de su comunidad en un contexto de transición a la paz lesiona profundamente el tejido social necesario para avanzar en la reconstrucción de una sociedad más justa”

Amnistía Internacional 

 

El pasado 9 de abril, miles de personas se movilizaron en Colombia, con la consigna de “que ser líder social no nos cueste la vida”, en memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto y en rechazo al asesinato de dirigentes sociales. Según las cifras oficiales de la Defensoría Nacional del Pueblo, 148 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018.

 

Ese mismo día, Amnistía Internacional (AI), mediante una declaración pública[*], hizo un llamado al gobierno de Colombia a reconocer el aumento de la violencia contra quienes defienden los derechos humanosy, a no continuar con el negacionismo de la violencia ejercida contra estos, como represalia por las actividades que desarrollan en sus territorios, en defensa de la tierra, el territorio, las víctimas, el medio ambiente, los recursos naturales, y como promotores de la paz.

 

Amnistía Internacional una vez más responsabilizó al Estado colombiano del ataque y asesinato a liderazgos sociales, pues advierte que la ausencia de garantías de los derechos humanos, genera “un ambiente propicio” para que haya un aumento de los crímenes, contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia. 

 

Así mismo, reconoce que, para llegar a una paz sostenible y duradera, es un imperativo prioritario que el Estado colombiano asuma de manera inmediata su responsabilidad, brinde plenas garantías a la vida e integridad de las personas defensoras, fortalezca el sistema de respuesta ante estos crímenes y los mecanismos de protección integral y prevención.

 

Luego de una Misión que realizó Amnistía Internacional al país, en la que recogió testimonios y documentó casos de personas que defienden los derechos humanos y ejercen un liderazgo social, calificó el panorama como “desesperanzador y preocupante para un país que se supone en una coyuntura de construcción de paz sin precedentes”. En tal sentido, Amnistía identificó fallas y propuestas que deben ser adoptadas de manera inmediata.

 

 

Causas del fracaso de la política de protección al liderazgo social

En su declaración pública, Amnistía Internacional identifica varias fallas, que deben ser corregidas rápidamente por el Estado de Colombia, en la perspectiva de proteger la vida e integridad de quienes ejercen la defensa de diversos derechos en Colombia; estas fallas son:

 

En primer lugar, Amnistía Internacional identifica como una falla importante la negación por parte del Estado sobre la relación de los asesinatos y amenazas con sus actividades de liderazgo, además del no reconocimiento de los patrones de violencia, que se han recrudecido tras la firma del Acuerdo de Paz, lo cual impide la adopción de medidas eficaces.

 

En segundo lugar, señala que son escasas las medidas implementadas por el Estado colombiano y estas se han reducido a la creación de normas, que no han generado ningún impacto en el corto plazo, las que no logran mitigar los riesgos que enfrentan, quienes defienden los derechos humanos. Aunado a lo anterior, persiste un enfoque individualista de la protección, en el que solamente se protege a la persona y no a la comunidad a la que pertenecen.

 

En tercer lugar, resalta que persiste un contexto de violencia, exclusión social y estigmatización, en el que también incide el vacío de poder dejado, tras la salida de la guerrilla de las FARC de varios territorios, sumada a la histórica ausencia del Estado en ellos.

  

¿Qué medidas debe adoptar el Estado Colombiano?

En concordancia con lo anterior, Amnistía recomienda varias medidas, que deben ser adoptadas con prontitud para evitar que continúen los asesinatos y amenazas por motivo del liderazgo social. Las más resaltantes son las siguientes:

 

* Reconocimiento del Estado:El Estado debe reconocer que ha fallado en implementar medidas integrales de proteccióny, no puede continuar desconociendo su deber de garante de la vida e integridad de las personas defensoras.

 

* Política de Prevención:El Estado debe fortalecer la política de prevención.

 

* Mecanismos de denuncia:Contar con mecanismos sociales y comunitarios de denuncia, con capacidad de elevar las voces a nivel nacional e internacional.

 

* Estadísticas suficientes:El Estado debe contar con cifras suficientes sobre las dinámicas de violencia, que afectan al liderazgo social.

 

* Enfoque colectivo:Debe existir un enfoque colectivo de prevención y protección.

 

* Sistema de protección colectiva:Debe existir un sistema de protección colectiva con la participación de las comunidades, para determinar el tipo de protección adecuada que se requiere.

 

* Mecanismos propios de las comunidades:El Estado debe reconocer los mecanismos de protección propios de las comunidades, como las Guardias indígenas.

 

* Impactos diferenciados de la violencia:Debe hacer una inclusión efectiva de los enfoques de género, étnico y diferenciales.

 

* Articulación de las instituciones:La institucionalidad del orden nacional, departamental y municipal debe actuar de manera articulada, para garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de quienes defienden los derechos humanos.

 

* Saldar la deuda histórica:El Estado colombiano tiene la deuda histórica de atacar las causas estructurales de la violencia, que aún prevalece en muchas partes del país.

 

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[*] Colombia: Incremento de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, principal reto de la implementación del Acuerdo de Paz. AI. AMR 23/8190/2018

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