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Bogotá para Todos Segregada

Escrito por J. Gaitán

En los últimos días el alcalde de Bogotá Gustavo Petro informó sobre la ejecución de un plan de adjudicación de casas para familias víctimas del conflicto, con la construcción de viviendas en lotes de terreno propiedad del Distrito, donde hoy funcionan parqueaderos, en los barrios El Chicó y Santa Bárbara, zonas clasificadas en estrato 6.

 

Clasificar para menospreciar

Este anuncio suscitó diversas reacciones de los grandes medios de comunicación y residentes de estos sectores. Las expresiones fueron de asombro y rechazo, manifestando con indignación que no es posible la convivencia de las personas que allí habitan con víctimas del conflicto, porque según aquellas, esto significa desvalorización de las viviendas allí construidas, además que “no es posible reunir en un espacio geográfico personas de diferente condición social”.

Queda evidente el segregacionismo como política para el acceso a los recursos básicos como la vivienda, el trabajo, la salud, educación y el sufragio político; así como en otras facetas como la separación de barrios residenciales en las ciudades. Esto debido a las diferencias económicas, de clases sociales, de raza y nivel educativo, que en este caso opone a las llamadas clases “cultas y educadas”, con el pueblo “iletrado e inculto”, basada en que es una condición sagrada e intocable, que los ricos deben vivir en sus mansiones y zonas residenciales, mientras los pobres habitan en zonas marginadas de laderas y en los terrenos no aptos para vivir.

En las declaraciones de los pobladores de estos barrios de ricos, se muestra tal y como es nuestra realidad, las dificultades para edificar una Colombia en paz, con justicia social e incluyente, que se cimente en la igualdad, que supere los odios y el desprecio hacia los pobres. Nada tiene de democrática una sociedad que dice serlo, cuando en la práctica se ve el menosprecio hacia las mismas víctimas del conflicto, que dice reconocer.

Constantemente se desalojan barrios enteros ubicados en sectores populares, apoyados por el Escuadrón móvil anti disturbios (ESMAD), con el fin de construir conjuntos residenciales, centros comerciales o alguna infraestructura que beneficie los intereses de las clases altas y de empresas constructoras reconocidas de la mafia de la construcción, pertenecientes a familias de la oligarquía colombiana; modalidad silenciosa y permanente que no dan a conocer los grandes medios de comunicación social, quienes también se hallan involucrados.

 

Derechos de papel

La Declaración Universal de los derechos Humanos en su artículo 25, reconoce el derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que incluye su alimentación, vestido y vivienda, con lo que se logre una mejora continua de las condiciones de existencia. Contemplando de este modo, el derecho humano a una vivienda adecuada, como componente fundamental del disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

La igualdad se debe construir reconociendo la condición básica del ser personas con iguales derechos y deberes, de allí el sentido de nuestra lucha como insurgencia y de la mayoría del pueblo por una nueva nación edificada sobre bases de la fraternidad, la solidaridad, la justicia y el amor, con los que se superen la segregación, la desigualdad y la estigmatización contra las y los pobres de la patria.

Una vez más se evidencian los grandes obstáculos para adelantar una verdadera política de vivienda y hábitat en las ciudades, que contemple la democratización de los espacios públicos y del presupuesto nacional.

Reafirmamos con nuestras realidades concretas que el modelo de ciudad promovido, alimentado e instaurado por la lógica capitalista en nuestro país, ha generado una marcada división social que reproduce la estructura de clases, la exclusión y donde predomina fundamentalmente la industria y los servicios; por esto los derechos ya no son derechos sino servicios a favor de ciertos intereses, que no representan las mayorías del pueblo colombiano.

Es necesario y urgente seguir en la reflexión, debate y construcción de un nuevo modelo de ciudad, con políticas incluyentes y democráticas, donde quepamos todos y todas para el Buen Vivir.

 

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