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Reordenando las Ciudades para Beneficio del Capital

Escrito por Luisa Fernanda Medina

Luchas recientes que se vienen dando en las ciudades en Colombia, tienen que ver con el ordenamiento del territorio, pero son invisibilizadas por los medios masivos de comunicación. Estas movilizaciones defienden la vida real de millones de personas, que cada vez se ven más marginadas por el modelo social y económico del capitalismo.

El modelo de ordenamiento del territorio por parte de las instituciones estatales, viene aumentando de manera dramática la situación de pobreza que viven cotidiana y estructuralmente millones de pobladores de las ciudades en Colombia. Pobladores que siguen llegando a las ciudades presionados por el conflicto social, político, económico y armado; familias desplazadas por un modelo de despojo que cambia la vocación agroalimentaria de los territorios rurales y expulsa hacia la indigencia a sus pobladores campesinos, comunidades negras y pueblos indígenas.

Los desterrados miran las ciudades, como un territorio de oportunidades, pero rápidamente se rompe el espejismo para quienes al llegar, encuentran una realidad muy distinta que los excluye. Una realidad mediada por las decisiones que sus autoridades toman, en función de los intereses particulares del capital, no de las necesidades de sus habitantes.

Los planes de ordenamiento territorial, son entonces el mecanismo legal para institucionalizar la discriminación, la segregación, la marginalidad.

El Plan de ordenamiento territorial (POT) aprobado recientemente por el concejo municipal de Cali, pretende garantizar para los próximos 14 años que los habitantes de los sectores populares sigan estando excluidos del derecho a la ciudad. Sin acceso a servicios básicos, vivienda digna, empleo, salud, educación.

 

Los pobres para la basura

El acuerdo por medio del cual se ordena el territorio de la ciudad, ubica el proyecto de vivienda Ciudadela Cali Da, destinado a sectores “vulnerables” donde se cuentan las familias desplazadas, víctimas, afro descendientes, indígenas.  El sitio escogido por la administración municipal es el antiguo basurero de Navarro, ubicado al oriente de la ciudad que recogió durante 40 años los desperdicios de la ciudad, a pesar de estudios de entidades reconocidas como la Universidad del Valle, que plantean los graves riesgos para la salud de los futuros habitantes, al ser un terreno altamente contaminado e inestable.

Por supuesto en este caso, las consecuencias nefastas que tendrá esta política gubernamental, no han merecido la atención de los medios masivos de información, ni de los  partidos de la unidad nacional o del centro democrático, pues para ellos no tiene nada de raro que los pobres sean vecinos de la basura y los desechos. Contrario al escándalo suscitado por la propuesta de la alcaldía de Bogotá, de ubicar a familias víctimas como vecinas de los ciudadanos de estrato 5 y 6.  Tal parece que no cabe en la cabeza de algunos, que los pobres puedan mezclarse, juntarse, acercarse siquiera a los ricos, pues se “desvalorizan” o se untan de miseria.

Otra de las decisiones que toma el POT, tiene que ver con el Eco-parque del agua de Navarro, proyecto que se lleva por delante a miles de familias que durante décadas han habitado al margen del rio Cauca en su paso por la ciudad, ordenando para ello la relocalización de esta población, en su mayoría afro descendientes, que han construido allí su proyecto de vida colectiva, recuperando su cultura y cosmovisión.

El proyecto Ciudad Paraíso, entre tanto, plantea la reubicación de las familias de barrios del centro de la ciudad, con el criterio de exclusivizar el centro para el gran comercio,  el sector financiero y administrativo. Nuevamente los habitantes son despojados y desplazados en la misma ciudad atendiendo a criterios mezquinos, del interés de avalar la mayor acumulación de capital para los mismos de siempre, a costa de la calidad de vida de la gente.

Salta a la vista, a través de esta rápida mirada a un modelo de ordenamiento del territorio que es agenciado por una administración pública corrupta, que claramente se pone al servicio de los empresarios y muestra las lógicas con las que se gobierna el país.

 

La esperanza se convierte en disputa

La lucha que los habitantes de las ciudades vienen dando por el derecho al territorio, por vivienda digna, por el goce efectivo de sus derechos fundamentales y colectivos, pone de presente que el pueblo colombiano no se resigna al destino que pretenden para él las élites en el poder, que con sus medios masivos de comunicación pretenden anular y con sus fuerzas represivas buscan atemorizar y someter. 

Las movilizaciones, encuentros, mingas, festivales, donde se congregan con valentía y decisión las mujeres y hombres jóvenes, adultos, niñas y niños, trabajadores, desempleados, organizaciones sociales y políticas, sindicales, cívicas, entre otras, son también muestra clara de la esperanza que se construye día a día con organización popular, con la certeza que el ordenamiento de los territorios y  los destinos de la nación debe depender solo del poder del pueblo.

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