| ANÁLISIS EL NEGOCIO RELÁMPAGOLa historia del Comité Blizt
Sistema Informativo Patria Libre (SINPAL) . Bogotá, agosto 31 de 2007. Esta reseña está basada en el libro de Edgar Téllez y Jorge Lesmes, “Pacto en la Sombra: Los tratos secretos de EEUU con el narcotráfico”, publicado por la Editorial Planeta de Santa Fe de Bogotá, en noviembre de 2006, que fue galardonado por el Premio Planeta 2006 de Periodismo. El título final, sobre las consecuencias generadas por esta política antidroga, es de responsabilidad exclusiva de SINPAL.
GÉNESIS Y BASE JURÍDICA El Comité Blizt, es un organismo multidisciplinario, de alto nivel, creado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a comienzos de 1996, con el fin de someter a los narcotraficantes colombianos. Es un organismo secreto, un grupo de trabajo, donde tienen asiento todas las agencias involucradas en la prevención, control y combate al narcotráfico, como la DEA, la CIA, el Servicio de Aduanas, el FBI y la Fiscalía General de los Estados Unidos. Oficialmente nunca ha sido reconocida su existencia. Su presencia nunca fue revelada a ningún funcionario o autoridad colombiana. Dentro de los preceptos jurídicos estadounidenses, si se cumplen una serie de requerimientos, como colaboración, la entrega de bienes y la promesa de no reincidencia, el Comité acepta la solicitud de los narcotraficantes de negociar. No importa quien sea. Su función es ser un filtro ante la Fiscalía General de los Estados Unidos. Hace parte de la estrategia de EEUU, diseñada a partir de un análisis realizado en 1996, donde se registraba el avance generalizado de los narcotraficantes en Colombia. Se plantea medidas a corto, mediano y largo plazo. Sus objetivos son tener encarcelados a los narcotraficantes, a sus sucesores y a quienes los reemplacen. Dentro de esta estrategia se presionó al gobierno de Samper, para que repusiera la Extradición. El sistema judicial estadounidense se basa en el sistema acusatorio. Se basa en la posibilidad de negociar con el acusado la pena que se le imponga, partiendo del reconocimiento pleno de su responsabilidad. La Fiscalía, es decir el gobierno, acusa al delincuente y busca el resarcimiento del perjuicio ocasionado. La negociación de las penas y el reconocimiento de la responsabilidad, son una constante histórica en el sistema judicial estadounidense. Negociar con el acusado es la esencia misma del sistema acusatorio, que está construido sobre penas muy altas, como cadena perpetua. El pragmatismo plantea que es mejor buscar un arreglo, que asumir los costos de un juicio largo y complejo ante un jurado de conciencia. Es indiferente para el sistema, que la condena sea producto de un juicio o de un arreglo. Esto, en el caso del narcotráfico, es esencial porque la negociación y la consiguiente desaparición del proceso penal, siempre tendrá como objeto la entrega de bienes o dinero, a cambio de rebajas de penas y beneficios. Estas son las bases de lo que se llama el Programa de Resocialización de Narcotraficantes. Esta estrategia está encaminada a negociar con los narcotraficantes, a desactivarlos con base a penas benévolas, entrega parcial de sus fortunas y beneficios, a cambio de otorgarles identidad y la ciudadanía o la residencia permanente en EEUU.
DISEÑO Y OPERACIÓN La arquitecta de este Comité fue la Fiscal General de la época, Janet Reno, quien contó con el apoyo de su fiscal en la Florida Theresa M. B. Van Vliet y su asistente principal Mary Leen Warren, quien aún se mantiene en este Comité. Este testimonio es un fragmento de una carta de la fiscal Van Vliet: “(…) Hay un procedimiento en el Departamento de Justicia que contempla un convenio de defensa global. Este, es un convenio que enajena todos los cargos de crímenes federales existentes y la culpabilidad contra un procesado, en el momento en que se llega a este convenio (…) Se hace el convenio en base a la oferta de cooperación e información del acusado. Luego se exploran las opciones”. Hasta finales de 2006, el Comité había logrado negociaciones con cerca de 300 narcotraficantes. La oferta es esta: * Negociación directa de sus líos judiciales en las Cortes Federales. * Penas irrisorias o libertad inmediata autorizada por un juez. * Visado múltiple para su familia y allegados, o una nueva identidad. * Estrecha colaboración con los organismos de investigación. * No hay necesidad de delatar a sus socios o enemigos. A cambio deben entregar buena parte del patrimonio obtenido ilegalmente, desmantelar sus rutas de narcotráfico y comprometerse a dejar por siempre el negocio.
El Comité Blizt establece cuatro categorías, sobre las cuales los fiscales y jueces deben adelantar la negociación: * Cooperación: Referida a los narcotraficantes que cooperan abiertamente con la Fiscalía en el desmantelamiento de rutas, entrega de socios y entrega de cargamentos de droga. * Propiedad: Los que entregaban hasta el 80 por ciento de sus bienes al Departamento del Tesoro, pero no tienen demasiados cargos judiciales. * Tiempo de cárcel: Se combinan las dos anteriores, con un tiempo breve en prisión. * Culpabilidad: Caso en el que no hay negociación posible y se hace juicio con una larga sentencia.
Luego del restablecimiento de la extradición el Comité Blizt clasificó en tres grupos a los narcotraficantes. De acuerdo a su categoría, se impone la pena: * Uno, los que tenían procesos abiertos en Estados Unidos, pero no habían sido capturados. * Dos, los detenidos en operaciones antinarcóticos y solicitados en extradición. * Tres, los ya extraditados.
El Comité opera con varios equipos de búsqueda de capos narcotraficantes que quieran negociar. Los contactos más aprestigiados del Comité en Colombia son Baruch Vega, fotógrafo profesional, ingeniero de la Universidad Industrial de Santander, en donde fue captado como agente de la CIA a inicios de la década del 70 y luego pasó a ser agente de la DEA; y el narcotraficante Guillermo Ortiz Gaitán, quien hizo las primeras negociaciones en 1997 y muere por enfermedad en el 2003. Baruch Vega fue el primer agente contactado directamente por el Comité Blizt, en mayo de 1996. Él describe los principales objetivos del momento: Convencer al clan de los Ochoa para que negociaran; segundo, convencer a nuevos capos, para arreglar por las buenas. En este momento, pasó Baruch a formar parte de la DEA, en el Grupo 43 de Miami. El Comité Blizt tiene la potestad para expedir un salvoconducto que permite el ingreso a los EEUU a narcotraficantes, para iniciar negociaciones, así tengan órdenes de captura en su contra.
EL TRATO CON LOS SEÑORES DE LA GUERRA En el 2000 se establecieron fuertes contactos con Carlos Castaño Gil y la cúpula paramilitar. Esta, se esperaba que fuera la negociación estrella. Los contactos fueron autorizados por el Comité Blizt, a sabiendas de su condición paramilitar y sanguinaria. Sin embargo hubo una interrupción de más de un año, debido a la detención de Baruch Vega en EEUU, por lo que la DEA retiró a los dos agentes que trabajan directamente con él, Larry Castillo y David Tinsley, como producto de denuncias sobre corrupción, en medio de celos profesionales, por la disputa de la gloria por los logros alcanzados. Pasado un año la DEA resolvió la situación de sus agentes. Luego vino la notificación como terroristas a los paramilitares, pasado el 11 de septiembre de 2001. Washington ordenó suspender los contactos adelantados y el Comité Blizt expidió una circular interna, en la que dejó sin piso la negociación con el narcotráfico y el paramilitarismo, auspiciados por Carlos Castaño. El clan Castaño Gil siguió intentado negociar e incluso habló -por contactos facilitados por el Coronel Danilo González- con Rasguño, Don Diego, Patiño Fómeque y diez capos más. Luego el 31 de diciembre de 2001 realizó en la finca de Rasguño, en El Vergel, en Cartago, la cumbre a la que asistieron 26 jefes paramilitares y 50 narcotraficantes de los más duros. Allí, Carlos Castaño insiste en la posibilidad de negociar con los EEUU, por lo que se llegó a la conclusión que sería mejor negociar en bloque, para tener mas fuerza. Luego vino la detención de Patiño Fómeque, la que es atribuida al clan Castaño Gil, seguida el 24 de septiembre del 2002, de la solicitud de extradición de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Determinaciones que rompieron la negociación. Pese a esto, en Diciembre de 2004, Carlos Castaño se reunió con Joaquín Pérez, abogado de origen cubano, su representante legal en los encuentros con la justicia estadounidense, para tratar de reactivar la negociación. A Carlos Castaño lo mataron en abril del 2005. Monoleche, un guardaespaldas de Vicente Castaño, su hermano, en su testimonio, dice que los capos estaban nerviosos por sus servicios a los EEUU. Se sabía que él trabajaba con las autoridades de los EEUU, asunto del que Carlos Castaño se vanagloriaba. También se jactaba de haberles entregado a uno de los hermanos Rodríguez Orejuela. Carlos Castaño siempre estuvo asesorado por un hombre muy respetable, por varios años, al que Carlos presentaba como un alto funcionario de la CIA.
EL NEGOCIO REAL Una descripción descarnada de la metodología del Comité Blizt, la entregaron Pepe Campuzano y Ramón Zapata, dos capos medios, que no fueron detenidos en la Operación Milenio, dirigida por la DEA, pero que enseguida negociaron: “Los agentes de la DEA en Panamá, piden la cédula, piden un dinero, que tiene que ver con la calidad del Capo (han pedido hasta 50 millones por adelantado). Uno va y dice que quiere arreglar sus problemas. A Larry Castillo (DEA) hay que decirle la verdad, todo. El arregla con narcotraficantes, no con sicarios, ni asesinos, él está avalado por Janet Reno. Al principio, uno va a Estados Unidos y la Corte le pone un sello y empieza la colaboración. Esta consiste en entregar droga, que caiga droga. Uno la compra y se las pone para que ellos la cojan. Hay que traficar como un hijueputa para la DEA. No hay que delatar a nadie (Campuzano estuvo 9 años preso en Costa Rica por no delatar a sus compinches). Uno dice además que no quiere que molesten a su familia. Ante la Corte expresa que no va a delatar a nadie. Allí escogen al juez y el fiscal y es rápido ( NdE: Blitz, en alemán, significa relámpago ). El asunto es que si uno no cuadra en Estados Unidos, los problemas continuarán para siempre. Para negociar, éramos cuatro, logramos rebajar a 42 millones de dólares, la mitad en efectivo, la otra mitad en droga, que ‘caía' y eran los ‘positivos' de la Agencia”. A través de múltiples contactos, la DEA logró transar con la casi totalidad de los capos de Colombia. Desconfianzas, azares, complejidades de ese mundo subterráneo impidieron realizar negociaciones más profundas.
LAS CONSECUENCIAS 1. El acendrado pragmatismo del sistema judicial de los EEUU, produce este escándalo de impunidad internacional legalizado. Por él, los narcotraficantes y paramilitares colombianos quedan blindados con la nacionalidad y/o la territorialidad de EEUU, que los exime de comparecer ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes de guerra, además de protegerlos ante cualquier pedido de extradición futura, ya que los nacionales o los protegidos de los EEUU, no pueden ser extraditados. 2. La política antidroga de los EEUU, es una ‘política de reproducción de carteles narcotraficantes': se alía con los pequeños para acabar a los grandes, pero gracias a esta alianza los pequeños se convierten en grandes, con lo que se da inicio a un nuevo ciclo de alianza, que perpetúa el problema del narcotráfico en vez de erradicarlo. 3. Para mayor desgracia de Colombia y del mundo, esta política antidroga de los EEUU, ha convertido a Colombia en las 2 últimas décadas en el mayor productor-exportador de cocaína, pese que han fumigado casi un millón de hectáreas de plantaciones de coca, que representa un área igual a 10 veces el terreno sembrado de coca en el país. De nada ha servido haber extraditado a más de 500 colombianos a los EEUU, acusados de este delito. El resultado es desconcertante: la exportación diaria de cocaína colombiana ya pasa de las 2 toneladas diarias.
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