Revista No. 007 - 13 de abril de 2004
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¿TERRORISTAS?..... ¡ELLOS! LOS QUE ESTÁN DESTRUYENDO EL MUNDO La resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), que incluye en la lista de las treinta y seis organizaciones calificadas de terroristas al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ha sido presentada como un gran triunfo del Presidente Uribe y su séquito diplomático en su viaje por Europa, a falta de otros resultados para mostrar al país. Antes, en julio del 2002 la UE se abstuvo de incluirlo a pesar de las fuertes presiones que recibió de Andrés Pastrana, Presidente de Colombia, y de José María Aznar, jefe del gobierno español. El cambio de posición, sin nuevos motivos, parece más un acto de enmienda frente a los múltiples desaires y cuestionamientos que recibió el Presidente Uribe durante la visita al viejo continente. Es también la concreción de la promesa del gobierno alemán y español al pedido del colombiano y, sobre todo, el resultado de presiones de la diplomacia estadounidense. Pero no es todo, hay más que eso. La inclusión de la insurgencia colombiana en la lista de terroristas y la decisión de perseguirla, es el mensaje desclasificado de la nueva política intervencionista de la UE en los asuntos internos de Colombia y la decisión de apoyar la centenaria injusticia social que se apuntala en la manipulación de la democracia y la sanguinaria estructura de guerra sucia de un Estado terrorista. Se impuso la opción de apoyar el escalamiento de la guerra en que está empeñado Uribe Vélez, la implantación del régimen fascista y el Plan Colombia, sobre la búsqueda y el apoyo a la construcción de la salida política al conflicto a través del Grupo de Países Amigos y del Grupo de Países Facilitadores de la paz, como fue hasta hace un tiempo. La venta de cuarenta y seis tanques AMX30 y otras armas al gobierno colombiano, denunciado reiteradamente como responsable de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y del menosprecio a las recomendaciones de la ONU sobre estas materias, es una expresión clara del cambio de política. Como también el abrogarse el derecho a calificar y clasificar de parias y terroristas a quienes inspirados en nobles y altruistas propósitos luchan por una sociedad más justa y humana. Hoy nos llaman terroristas… y… ¿por qué? Porque soñamos con un mundo mejor, que es posible y luchamos por él. Porque luchamos por la libertad, la verdadera democracia, la justicia y el bienestar de nuestro pueblo; porque asumimos la resistencia en defensa de la vida, la soberanía y la autodeterminación; porque tenemos como propósito construir un nuevo país donde los colombianos podamos vivir en paz con desarrollo y futuro despejado. El imperio y los dueños del poder con perversidad nos califican hoy de terroristas, ayer nos llamaron comunistas. Los pobres del campo y la ciudad, los desheredados de la tierra nos llaman Compañeros de lucha, de sueños y esperanza. Y… ¿dónde están y quiénes son los verdaderos terroristas? Terroristas ellos, los que pretenden dominar el mundo y apropiarse de la riqueza de las naciones y su futuro; los que mantienen en la miseria y la opresión a miles de millones de habitantes de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe, Oceanía y parte de Europa. Terroristas los que mataron a 150 mil japoneses con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaky; los que destruyeron a Vietnam en nombre de la democracia y a Yugoslavia en nombre de la guerra humanitaria; los que masacran y destruyen al pueblo palestino, al pueblo de Afganistán en nombre de la “justicia infinita”. Terroristas los que bombardearon y destruyeron Mesopotamia, los que están masacrando al pueblo iraquí bajo el pretexto de “salvar la humanidad” de las inexistentes armas de destrucción masiva. Terroristas los que se valen de argucias y mentiras para hacer guerras y justificar la invasión de países para robar el petróleo y construir el oleoducto transcaucásico. Terroristas en Colombia los que asesinan anualmente a cientos de dirigentes sindicales, miles de líderes sociales y miles y miles de personas de la población civil indefensa y ajena al conflicto. Terrorista el Estado colombiano que mantiene una estructura de guerra sucia intocable y enquistada en las instituciones desde donde, amparado por la impunidad, asesina y amenaza junto con sus aliados, los paramilitares. Terroristas los grupos mercenarios de paramilitares que recurriendo a crueldades inimaginables, aterrorizan la población con descuartizamientos con motosierra, ahogamientos mecánicos, desapariciones y masacres colectivas; que expulsan a tres millones de campesinos, les roban la tierra y se posesionan de ella para que sus patrones, los grandes capos del narcotráfico, manejen el negocio y dispongan de rutas seguras para llevar la droga hasta los puertos de embarque. Unos, en nombre de la democracia y las libertades; otros, en nombre de la “seguridad democrática” cometen crímenes de lesa humanidad, sin que los tribunales los juzguen, porque los tribunales son sus tribunales. Pero las atrocidades y las decisiones intervencionistas no doblegarán los sueños y las esperanzas libertarias. En la justeza de la lucha, en compartir el sufrimiento y ser parte del mismo pueblo, descansa la fortaleza del ELN para continuar la lucha hasta construir la paz y el nuevo país. El calificativo de terroristas y el incremento de la persecución no debilitarán la convicción revolucionaria, el espíritu de lucha y la capacidad de sacrificio de nuestra militancia. Tampoco van a quebrar nuestra moral, ni nos va a sentar en la mesa a negociar una paz indigna, traicionando los sueños y esperanzas de un pueblo que cree es posible la Nueva Colombia. En este supremo propósito nos fundimos los elenos con el pueblo. Y en esto radica la fortaleza y confianza en la victoria y nuestro carácter político del cual no nos despoja el aparecer en ninguna lista elaborada por quienes pretenden dominar el mundo en estos tiempos.
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POR LA DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD Es tan vasta y profunda la tragedia que está viviendo el pueblo colombiano que abordarla se hace difícil, pues siempre habrá muchos aspectos y datos que no se conocen y otros que se quedarán en el tintero esperando para que tanto la comunidad nacional, como la internacional conozcan esta dura realidad. Hoy en día, bajo la política de la “seguridad democrática” todo el pueblo es vulnerable y dentro de la visión, proyectada desde Washington, de la lucha antiterrorista todos los que no somos de la oligarquía, empresarios, militares o paramilitares, somos sospechosos. Pero siempre hay grupos humanos que son más vulnerables. Entre estos está el caso de los indígenas y afro descendientes, importantes integrantes de nuestra nación y de nuestra riqueza cultural. La violación de sus derechos empezó hace más de quinientos años, cuando les robaron el territorio y las riquezas a los nativos y arrancaron de sus tierras ancestrales a los africanos para comerciarlos como esclavos. La independencia de los españoles no representó alivio a su situación pues los ideales bolivarianos fueron traicionados. La oligarquía racista continuó arrinconándolos y usándolos solo para mostrar lo exótico del país. Las comunidades indígenas representan en al actualidad (según censo de 1993) cerca de un 2% de la población total del país. Son 84 pueblos, con 64 lenguas diferentes y ocupan aproximadamente la cuarta parte del territorio, dispersos en prácticamente toda la geografía nacional. Los descendientes de africanos, según el mismo censo de 1993, representan un 1,5%. Sus comunidades ocupan principalmente zonas del Pacífico, otras se ubican en la región del Caribe, protegidas por barreras naturales ya que sus ancestros huyeron de la esclavitud y tuvieron que ocultarse y defenderse de la ambición de los “blancos”. Ningún gobierno se ha preocupado jamás de su situación de miseria y marginalidad y nunca han valorado la riqueza cultural que poseen estas etnias, pues para la clase gobernante la cultura válida actualmente es la que emana del norte. No se conocen estadísticas ciertas sobre la desnutrición, la esperanza de vida, la morbilidad, la tasa de mortalidad infantil o materna, tampoco sobre el analfabetismo o la cantidad de técnicos o profesionales indígenas o afro descendientes que viven en estas comunidades. Los territorios ocupados por estos grupos, muchos cuyos nombres y ubicación eran desconocidos para la mayoría de colombianos, han cobrado importancia debido a los planes de las transnacionales norteamericanas y los megaproyectos que están desarrollando gracias a la incondicionalidad de los gobiernos neoliberales que nos han agobiado, destacándose el de Uribe Vélez. Algunas de las zonas ocupadas por resguardos indígenas tienen riqueza petrolera, minera y una gran biodiversidad. Estos recursos han incentivado la ambición del gran capital. Las transnacionales petroleras, aliadas con paramilitares, se han propuesto ocupar territorios como el de los U´wa para explotar el pozo petrolero Gibraltar, ubicado en el resguardo de esta comunidad, y otros en el departamento de Arauca, en tierras de los Guahibos. Así mismo han reprimido comunidades de los Barí, del Norte de Santander, donde está el proyecto de explotación petrolera del Catatumbo. Estos dos departamentos son fronterizos con Venezuela. Otras comunidades afectadas son la de los Paeces en el departamento del Cauca y Putumayo, al sur de país, los Emberá Katíos y Emberá Chamí en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, así como los Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Colombia. Las transnacionales farmacéuticas, hace ya años, han entrado en varios países latinoamericanos para apropiarse de los conocimientos ancestrales de los pueblos nativos sobre las propiedades curativas de plantas endémicas de sus territorios. Nuestros indígenas, especialmente las que habitan la región del Amazonas, no han podido escapar de esta rapiña. De las comunidades de afro colombianos, las más afectadas son las que viven en el departamento del Chocó. La titulación de propiedad colectiva de tierras en 1996 aumentó la represión, ya que el megaproyecto del canal alternativo y otros ya estaban elaborados y este logro de las comunidades se constituyó en un gran obstáculo para los planes de Estados Unidos y sus transnacionales. Los motivos para el gran capital son importantes: el Chocó aporta el 69% de la pesca marítima, el 70% de pulpa de madera, algo más del 42% de madera aserrada, además de una parte importante de oro, platino y plata. En esta región hay elementos como bauxita, manganeso, cobalto radiactivo, estaño, cromo y níquel, que son básicos para el desarrollo de la energía nuclear. El hecho de ocupar un territorio geoestratégico por la cercanía de los dos océanos y el canal de Panamá constituye otro motivo importante para que los Estados Unidos esté interesado en la región de Urabá que ocupa parte de los departamentos del Chocó y Antioquia. Allí se han conformado importantes corredores para el narcotráfico, el comercio de armas y la circulación más o menos clandestina de tropas y agentes estadounidenses. Los asesinatos selectivos de líderes comunitarios indígenas, afro descendientes y mestizos, la persecución a defensores de los derechos humanos, las masacres, las amenazas, el control de las vías de acceso, el bloqueo a la circulación de alimentos y medicinas, hostigamientos y cercos, son los métodos utilizados para preparar estos territorios para los planes capitalistas. La dispersión y el temor hacen que no todos los hechos sean denunciados por las comunidades, de modo que las estadísticas sobre la violación de los derechos humanos no son exactas. Según la Red de Solidaridad Social, el 18% de los aproximadamente dos millones de desplazados son afro colombianos y el 4% son indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia al gobierno, con su política se seguridad democrática, como el factor que está incidiendo directamente en el aumento de la represión contra estos pueblos. Las comunidades tanto indígenas como afrocolombianas que habitan el valle del río Atrato, hacen reiteradas denuncias de los atropellos de que cotidianamente son víctimas, por parte tanto del ejército como de los paramilitares, que actúan ante la vista de todos. La impunidad es total, pues todos estos crímenes se cometen en las zonas apartadas donde habitan estas etnias colombianas. Las denuncias que logran salir a la luz pública son pocas. Recientemente se conoció en voz de un senador indígena una denuncia según la cual un grupo de los paramilitares que actúan en la Sierra Nevada de Santa Marta habrían devorado la carne de los brazos y las piernas de los indígenas Julián Crespo y Dwiarusingumu, asesinados y descuartizados por ellos. Se dice que estos criminales obligaron a los indígenas de la misma comunidad a asarles la carne, sin decirles de dónde provenía, cuestión de la que se percataron dos días después cuando fueron a rescatar los cuerpos de los asesinados. A nadie puede dejar de sorprenderle la barbarie a que se está llegando en este conflicto, donde todo es permitido, no solo por la impunidad reinante sino porque la mampara de la lucha contra el terrorismo justifica cualquier acción contra cualquier sospechoso. Lo cierto es que nuestra población indígena y afro descendiente está siendo diezmada a base de crímenes horrendos, de represión sin par en nuestra historia. Son también culturas que están desapareciendo para imponernos un modo de vida totalmente ajeno a nuestras raíces y nuestras tradiciones. Estos pueblos, estas comunidades, partes integrantes de nuestra nacionalidad solamente piden que se les respeten sus territorios, sus tradiciones, su cultura, sus autoridades, su cosmogonía. Su único delito está en habitar en regiones de interés para los Estados Unidos, sus transnacionales y los grandes empresarios colombianos asociados con dichos capitales, y en ser pobres. Es un deber humano solidarizarnos con quienes por siglos han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, de explotación y marginamiento. Es un deber revolucionario apoyar, respetar y defender estos pueblos que son parte esencial de nuestra identidad nacional.
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LA VIDA DEL SER HUMANO HA ENTRADO EN LA SUBASTA DEL MERCADO Ahora acaban con la salud pública para que Colombia siga muriendo. Nuestro país tampoco escapa a la nueva estrategia neoliberal que nos llegó de afuera a golpes de sometimiento. El más elemental y sagrado derecho a la vida, esa necesidad vital de respirar para poder ofrecer en libertad, la coherencia y lucidez humana que nos permita conservar la DIGNIDAD y ser protagonistas de cambios para condiciones espirituales y materiales mejores. Ese preciado derecho a SER y a VIVIR, que tan bien escrito está en la Constitución colombiana, acaba de ser abolido para condenar a muerte prematura a sus hijos, que todo lo han entregado haciendo de su Patria una tierra fértil y productiva. La ley 100 de 1993, se constituye en un terrible tumor maligno que asesina a la salud pública. Ella se inspira en lo que fue la reforma a la salud del gobierno militar chileno en los años 80. Fue elaborada durante el gobierno de Cesar Gaviria y puesta en marcha durante la administración Samper. El ponente de dicha ley fue Álvaro Uribe Vélez. El crimen contra la salud pública se enmarca en un modelo de política neoliberal para condicionar préstamos internacionales. Las noticias de viva voz, las denuncias de los trabajadores y desempleados, que los diarios oficiales no han podido ocultar ofrecen muestra de ello: “90 hospitales al borde de la quiebra”,”David se queda sin aire en crisis hospitalaria de Cali.” “Conejo para la salud pública” “Liquidación del San Juan de Dios”, el hospital más importante de la capital e insignia del país. Ahora la salud la tenemos como MERCADO. Los que la dirigen y administran se ocupan como intermediarios de esta nueva supertienda. Se trata de establecer presupuestos cada vez más reducidos para no gastar más de lo “necesario” en el ser humano y así tener más dinero en sus bolsillos. En pocos años muy posiblemente también disminuirán la competencia de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), y solo quedarán 2 o 3, monopolizando esta nueva mercancía, tal como viene sucediendo en todos los renglones de la economía, en el ámbito internacional y nacional. Estas nuevas ganancias, producto de la macabra eutanasia a que ha sido sometida la salud pública, las van a obtener sistemáticamente, así: Contratación o sometimiento, previa explotación y humillación de todos los profesionales de la salud y afines, que manipulados serán obligados a dedicar el menor tiempo posible, ya no al paciente sino al cliente. La lista de medicinas que deberá formular estará en correspondencia con la que el intermediario le indique. Es decir, el juramento Hipocrático, Código de Ética de la Medicina, ha sido desplazado a la simple retórica y huellas del pasado. El profesional de la salud pierde su valor ético y su entrega incondicional a la salud de sus semejantes, con el agravante de que, a cada minuto, su estabilidad laboral irá desapareciendo. O sea, correrá la misma suerte de sus pacientes. El ahorro de materiales y del tiempo para el diagnóstico del paciente detectará menos patologías, así el nuevo empresario no tendrá que gastar mucho en tratamientos. En algunos lugares se reutilizan las jeringas, aumentando el riesgo de infecciones como SIDA, HEPATITIS B, etc. y de contaminación al reutilizar sondas vaginales y rectales. Comercializan medicamentos vencidos para venderlos más baratos (anestésicos, por ejemplo). Se deja de invertir en esterilizantes para no gastar. Lo que en un comienzo parecía un chiste de mal gusto, hoy ha dejado de ser ficción: “Si es más barato amputarle una pierna que salvarla, se le amputará”. Todas estas estrategias de ganancias están ocasionando los siguientes resultados: muertes de los pacientes ancianos especialmente pensionados, muerte de los bebés más débiles o enfermos, muerte de los pacientes más débiles, estancamiento de la investigación, abandono de los profesionales médicos y afines, escasez de profesionales confiables, corrupción de profesionales de la medicina. Además, reducción considerable de la calidad de vida de los médicos, reducción de la calidad de la atención a la salud que dependerá del trabajador, mientras el Estado y los empresarios no tendrán ninguna responsabilidad. En Colombia no han cesado las protestas contra la ley 100. El 3 de diciembre de 1996, se creó la Asociación Médica Colombiana, bajo el auspicio del Consejo Superior de Instituciones Médicas, para luchar y defender la salud pública. 71 médicos enviaron carta a la Asociación citada, para solicitar acciones que deroguen la ley 100, luego lo hicieron también los odontólogos. La lucha en defensa del derecho a la salud pública y por hacer cumplir las obligaciones del Estado y los empresarios no ha cesado desde entonces. Pese a las protestas este gobierno insiste en la aplicación de la ley. ¡Claro, es la imposición que desde fuera se viene ejerciendo! Los defensores de la ley 100 nos hablan de sus éxitos, expresan que la mayoría de los Hospitales son “saludables” pues mantienen sus finanzas “equilibradas”. Igual sucedió en Chile y en Estados Unidos, la cosa es contra los pueblos del mundo. El objetivo, -causa estupor pensarlo y escribirlo– es la deshumanización de la medicina. De lo que se trata es de “despachar” a los enfermos como si estuviésemos en campos de concentración, a bajísimos costos. El asesinato ahora se traslada a los pacientes con el visto bueno de la impunidad. La mortalidad temprana ahorra costos en salud, por tanto incrementa las ganancias del intermediario. Como consecuencia aumenta el porcentaje de gente joven reduciendo además la carga pensional. En América Latina y el Caribe, según el Informe del Desarrollo Humano, el número de pobres ya sobrepasa los 150 millones. En el año 1999, 42 millones de latinoamericanos clasificaban como adulto analfabeto. 55 millones de niños menores no tenían acceso a servicios de salud. 109 millones carecían de acceso a agua potable. 5 millones menores de 5 años se encontraban desnutridos. 190 madres por cada 100 mil nacidos vivos, morían por causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio y 36 millones de latinoamericanos no sobrevivirán más de 40 años. No podemos llegar a este Apocalipsis. Hace falta enarbolar, una vez más, la vigencia de la lucha y la resistencia. El preciado regalo de la naturaleza: LA VIDA, ha de seguir sujeta al ímpetu de la defensa para que sencillamente pueda existir. En nuestro país, la ley 100 tendrá que contar con un enemigo fuerte y organizado. Habrá que combatir a los intermediarios de la salud. La salud debe ser orientada de la manera idónea y por personal profesional que desmercantilice este derecho inalienable. “La salud es un lugar de encuentro donde confluyen lo biológico, lo ambiental y lo social; el individuo, la familia y la sociedad; la política económica y el desarrollo social”. La salud pública se debe asumir integralmente, como un deber del Estado y, sobretodo, como un compromiso de la sociedad con sus ideales de paz. Tenemos que profundizar en la comprensión de la crisis de la salud como parte del conflicto social y político. Urge la búsqueda de alternativas en el marco de un cambio. |
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IRAQ: LIBERACIÓN NACIONAL O MUERTE Fallujah es una ciudad que rememora las historias de Las Mil y una Noches, historias donde se concentraba todo el imaginario y la cultura de los pueblos árabes. Fallujah es ahora una realidad dolorosa y heroica. Una ciudad con más de quinientos mil habitantes que está en franca rebelión popular contra la ocupación de su patria. Con todo tipo de armas allí se forja la Intifada iraquí. Con todo un pueblo unificado en la meta suprema de un Iraq para los iraquíes, sin sometimientos, sin yugos, sin verdugos. Los gritos de la Resistencia son ahora: “Fallujah será la tumba de los invasores.” La actividad de la Resistencia y su capacidad de convocatoria social y de respuesta militar han dado un salto, tanto en formas de combate, como en la extensión territorial de las mismas en las últimas dos semanas. En Basora, en el mismo Bagdad, en varias ciudades más, los levantamientos se multiplican. La generalización de una rebelión de carácter nacional, netamente popular, que unifica las comunidades de origen sunní y shií, en una sola guerra contra el ocupante, es el nuevo peldaño de la debacle imperial. La Resistencia iraquí expresó en un comunicado: “...la continuidad de la resistencia en todas sus formas armadas y la movilización popular a través de manifestaciones y protestas, a través del boicot a la ocupación y a todas sus estructuras, a través de todos los medios posibles seguirá hasta que el último soldado haya salido de Iraq. No aceptaremos nunca, nada menos que esa meta. Que todo el mundo sepa que aquel que resiste asumiendo su deber contra los invasores y persiguiéndoles para liberar Iraq es [asimismo] capaz de dirigir Iraq y reconstruirlo; no habrá lugar dentro de Iraq para los traidores, los ladrones o los mercenarios.” Iraq se ha convertido en un infierno para los ocupantes y los colaboracionistas. Retenciones, ajusticiamientos, sabotajes, acciones de comando, hostigamientos, emboscadas, levantamientos , asonadas, ataques con piedras, fusiles, morteros, rockets, etc., son las disímiles formas en que se desarrolla la Resistencia, que presenta niveles de coordinación nacionales y continuos. La Resistencia iraquí crece día a día en el número y en la complejidad de sus acciones combativas. Todas las explicaciones que daba el mando invasor a su existencia, se diluyen en el aire: el presidente Hussein – por quien combatían- fue detenido; de las 55 personas que EEUU situó en una lista de principales, - quienes dirigían la resistencia- han detenido a más del 90%; no se ha probado ninguna injerencia extranjera en las acciones combativas. Las lesiones de Iraq se están convirtiendo en lecciones para nuestros pueblos. Contra la maquinaria militar más grande en la historia de la humanidad, se levanta un pueblo que no permitirá que su patria sea dominada por los nuevos bárbaros. Los ocupantes yanquis acompañados de sus secuaces de la coalición se están enterrando en las arenas del desierto iraquí. Ya suman casi setecientos los soldados yanquis que han perdido su vida en este año de “Injusticia infinita” . La respuesta de las fuerzas de ocupación, es continuar con el crimen. Sus matanzas de civiles, niños, mujeres y ancianos principalmente, son calificadas como genocidio por la opinión mundial. Estados Unidos ya no tiene amigos en Iraq. Sus últimas acciones han mostrado que no hay límites para sus atrocidades. Respuesta como la que dio el Primer Batallón del Nuevo Ejército iraquí, que se negó a disparar contra sus compatriotas, es significativa. Las mayorías chiíes, que solo protestaban pacíficamente, o incluso que participaban en el gobierno títere de transición, han pasado a engrosar las listas de los patriotas, enemigos de quien mata sin escrúpulos a su pueblo. En solo una semana de cerco a Fallujah, han sido asesinados más de 600 iraquíes, sin importar su procedencia religiosa o social. Estados Unidos puso el plazo del 30 de junio para empezar la transición del poder a un gobierno cipayo. Las acciones de la resistencia apremian, Fallujah es el camino de la libertad y la independencia.
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Aniversario JORGE ELIECER GAITAN “CAPITAN DE MULTITUDES” La guerra fría ya era una realidad en 1948. Los partidos comunistas en América latina empezaban a ser ilegalizados y los Estados Unidos desplegaban su poder y prestigio para consolidar sus propiedades e inversiones, y, el futuro. Ya el año anterior se había firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca: TIAR, tratado militar bajo el dominio yanqui, que obligaba a la acción mancomunada en caso de una agresión externa a cualquiera de los países del área. El signo anticomunista era el sello del momento. En Bogotá, bajo la batuta del General Marshall - famoso por el Plan de reconstrucción de Europa que llevó su nombre - se iniciaba la Conferencia Panamericana. Jorge Eliécer Gaitán, líder indiscutible del pueblo pobre y de las mayorías liberales, fue asesinado el 9 de abril de 1948, en medio de la realización de la Conferencia Panamericana. La oligarquía liberal-conservadora lo mató. El gobierno conservador y la embajada yanqui, culparon a “los comunistas”, entre los que se contaban, según ellos, agentes cubanos al servicio de la Unión Soviética, Fidel Castro entre otros, estudiante que se encontraba en Bogotá organizando la creación de la Organización Latinoamericana de estudiantes. El gobierno rompió relaciones con la Unión Soviética. Los yanquis, siempre presentes en el dolor de nuestro pueblo, estuvieron en el complot del asesinato que aún hoy permanece impune. Este fue un pretexto para desplegar un plan anticomunista en las Américas, que sirvió para darle el bautismo a la nefasta OEA, en la mentada Conferencia Panamericana. El pueblo colombiano respondió con ira profunda. La capital quedó destruida en lo que se conoce en la historia como el Bogotazo. En el resto del país también se dieron insurrecciones y esbozos de poder popular, con gobiernos en Barrancabermeja y en Líbano (Departamento del Tolima). El asesinato de Gaitán definió la lucha que por años se libró en los espacios políticos y sociales de Colombia, entre el régimen de la oligarquía liberal- conservadora proyanqui y el proyecto democrático nacionalista y revolucionario de Gaitán. Jorge Eliécer Gaitán presentó al país, a través del movimiento UNIR, una propuesta de transformación, alternativa al bipartidismo, que ponía en el centro las necesidades de los pobres y reivindicaba que “las economías de los países deben estar al servicio del hombre”. El entendía que el gobierno del país debía estar en manos de los humildes y lo expresó así en una visita que hizo a Venezuela en 1946 : “Yo, capitán de multitudes de Colombia, vengo a decir desde esta tribuna a toda Venezuela que de ahora en adelante sólo habrá una voz que mande sobre esta tierra sagrada: ¡la voz del pueblo, por el pueblo y para el pueblo!” Así concebía también para Colombia el ejercicio de la democracia. Su clara visión nacionalista y antiimperialista era la base de su pensamiento político desde su participación en el juicio por la Masacre de los trabajadores de la United Fruit Company en las bananeras del Magdalena, en 1928. Como fiscal del Ministerio Público asumió la defensa de los trabajadores asesinados. El ejército de la oligarquía fue condenado por la masacre, que fue la primera que no quedó en la impunidad. Gaitán en ese juicio lanzó una frase que retumba en el presente sangriento del gobierno de Álvaro Uribe Vélez: “Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro yanqui” Nuestra historia se partió en dos. La muerte de Gaitán abre la época de violencia que aún continúa. La violencia del régimen y la oligarquía contra el pueblo, la violencia que desde el poder domina a sangre y fuego, la violencia impuesta como forma de hacer política y de vencer al adversario. El terrorismo de Estado como forma central de dominación. El asesinato selectivo, las masacres indiscriminadas, el ejercicio sistemático de la represión y el terror, la tortura, las leyes que perpetúan la impunidad y la ausencia total de sensibilidad hacia las necesidades del pueblo, se convirtieron en la constante de los gobiernos oligarcas, hasta nuestros días. Colombia se inundó de sangre con el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez y hasta hoy, cuando Álvaro Uribe desgobierna nuestro país, los humildes y los luchadores por una Nueva Colombia son las víctimas de este régimen intolerante, de este Estado oligárquico, vinculado a los intereses de los Estados Unidos. Gaitán, el “Indio”, como lo llamaban, era un abogado de ascendencia humilde que pudo estudiar en Europa especializándose en Derecho Penal. Allí bebió de los pensamientos radicales de los acontecimientos que transformaron la Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sus estudios y vivencias como abogado y político, fueron consolidando en él una postura democrática y antiimperialista, que imprimía en sus artículos y discursos. Dueño de una voz prodigiosa y de una oratoria excepcional, lograba comunicar sus ideas progresistas a los colombianos humildes que veían en él la esperanza de transformación de sus terribles condiciones de vida. Durante más de veinte años por toda la geografía nacional construyó, confrontando con la realidad, su propuesta política, mientras ejercía como abogado y como político. Llegó incluso a ser alcalde de Bogotá. Al momento de su asesinato, era candidato a la presidencia de la República y virtual ganador. Su pensamiento político fue abandonado y su figura estigmatizada por la oligarquía que ha querido convertirla en pieza de museo. Incluso a su hija Gloria, quien ha dedicado su vida a mantener viva la memoria de su padre, el gobierno de Uribe Vélez la obligó a vivir fuera de su patria y por medio de un decreto presidencial decidió arrebatarle el Centro monumental que había logrado construir en el centro de Bogotá, donde quedaba su casa paterna. La oligarquía y el imperialismo yanqui han logrado mantener en la impunidad este crimen de Estado. Los autores intelectuales, los verdaderos asesinos siguen en la oscuridad, ni siquiera el Departamento de Estado ha querido desclasificar los documentos que tienen que ver con esa época. Los colombianos sabemos quiénes son los responsables de la muerte del caudillo: son los mismos que mandaron a matar a Jaime Pardo Leal, a Carlos Pizarro León Gómez, a Bernardo Jaramillo, a Luis Carlos Galán. Los mismos que aniquilaron a la Unión Patriótica y han continuado asesinando sindicalistas, campesinos, luchadores políticos. Es la misma oligarquía liberal-conservadora que patrocina las asesinas bandas paramilitares, la misma contra la que hemos luchado generaciones enteras de colombianos. La misma contra quien Jorge Eliécer Gaitán terminaba sus discursos con su consigna demoledora llena de historia y de presente: ¡Pueblo! Contra la oligarquía, ¡a la carga!
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