EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE COLOMBIA Revistas Insurrección No. 170-171 22 y 30 de junio de 2009 Sumario: Editoriales * 170: RUMBO AL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL * 171: NO AL REFERENDO Nacional * DESPLAZAMIENTO: POLITICA DE ESTADO * LA FONDA DE DON PEPE * GUARDESPALDAS DE MENTIRAS * AL BASURERO EL DERECHO DE LAS VICTIMAS Internacional * HONDURAS: LA LUCHA DE CLASES SE DESNUDA Editorial RUMBO AL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL Esta semana ha sido prolífica en hechos de opinión incontrastables, a diferencia de noticias manipuladas por los medios que, durante todo el mandato de Uribe, gestaron el efecto mediático que le ha permitido al gobierno pasarse todo por la faja. El solo adelanto que hizo el Relator Especial de la ONU para Colombia, ha sido contundente al aseverar que las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la Fuerza Pública, son sistemáticas y se realizaron en más de una docena de regiones del país. Seguramente cuando se publique el informe completo, se conocerán los detalles de las barbaridades de cómo acontecieron cada uno de estos crímenes, que por sus características son propios de las dictaduras que hoy hacen cola para ser juzgadas en el Tribunal Penal Internacional. Es de resaltar que estos crímenes fueron pagados con dineros recaudados para el famoso impuesto de guerra que pagan todos los colombianos, esto quiere decir que los ciudadanos pagan al Estado para que los mate de manera planificada, y haga creer a la opinión que los está protegiendo de la guerrilla. Pero lo que acaba de acontecer con la Ley de Víctimas, es algo fuera de serie. El Ejecutivo, o sea el Presidente, presionó y manipuló por todos los medios para que dicha Ley no pasara en el poder Legislativo, con el pretexto que las víctimas que no produjo el Estado son diferentes a las producidas por él, echando por tierra el carácter universal de la justicia frente a los hechos de una misma naturaleza. Lo que todo el mundo esperaba es una ley que se ocupe de hacer cumplir el Derecho Internacional en lo referente a protección de víctimas y normara con claridad lo que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación, y se pusiera fin a tanta impunidad. Ahora, según parece, la “ley de víctimas” quedará reducida al vulgar pago por “víctima producida”, sea esta una ejecución extrajudicial, un desaparecido u otro tipo de crimen. Lo paradójico de todo esto es que el gobierno juega con la pirinola cargada, siempre cae por el lado “todos pagan”; con el impuesto de guerra recaudan dineros con que se pagan las ejecuciones extrajudiciales; y por el otro también sale “todos pagan” la contribución al Estado para pagarle a las víctimas que él mismo hace. Los colombianos pagan para que los maten y ellos mismos se pagan su dolor. De verdad que este presidente está dotado de “una inteligencia superior”, le cuadra el balance económico, se interesa porque no haya déficit fiscal; pero el “déficit humanitario” está devorando a la nación y estas cuentas tendrá que cuadrarlas con el Tribunal Penal Internacional, o el pueblo en algún momento le pasará la factura, esta es la ley ineluctable de la historia. Editorial NO AL REFERENDO Aunque fuera una vez, los dolores que constriñen esta patria, cercenada por el narcoparamilitarismo, debieran amainarse, hundiendo definitivamente el Referendo, figura usada ayer y hoy de manera siniestra, para prolongar el terror, la mentira y las manipulaciones. Todos los colombianos que no hacen parte de la desfachatez uribista tenemos la obligación moral y política de no permitir que se use la ley como un comodín para servir al interés de una mafia que todo lo compra o lo vende sin el mínimo escrúpulo. Los esfuerzos por impedir que pase el referendo en el que se empeña el gobierno y sus súbditos, tienen la particularidad de que no son suficientes con los trámites legales, porque justamente el gobierno ha recurrido y seguirá recurriendo a la ilegalidad para imponerlo. Hablar hoy de referendo y reelección presidencial, es hablar de la Yidis política, de Teodolindo, del delito de cohecho, castigado de manera unilateral rompiendo su carácter bilateral universal, de repartijas burocráticas, de prevaricato y de compra y venta de conciencias; por eso la conciencia de todos los colombianos y colombianas debe apartarse de estas burdas manipulaciones y colocar por encima la dignidad y la sensatez. Referendo y reelección para que nunca más las víctimas del conflicto tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación y un puñado de monedas sea el pago vulgar de su tragedia. Referendo y reelección para que el DAS siga utilizando su inteligencia para espiar a la oposición y a los contradictores del Gobierno. Para que continúe el incremento de los asesinatos extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública. Para que se pierda definitivamente la perspectiva de un Estado de Derecho. Para que sigan gobernando los parapolíticos y narcoparamilitares. ¿Qué As sacará de la manga el presidente, para impedir que los Senadores y Representantes tengan la tranquilidad de que no se les juzgará por prevaricar si votan el referendo? DESPIERTA COLOMBIA, EL FUTURO ES DE TODOS!! Nacional DESPLAZAMIENTO: POLITICA DE ESTADO El informe del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados y desplazados, - junio del 2008- revela que Colombia es el país del mundo con el mayor número de refugiados, después de Sudán. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), registra que 3.662.842 personas habían sido desplazadas por la violencia, hasta octubre del 2005. La tendencia al aumento se mantiene desde que Uribe Vélez asumió la Presidencia en el 2002; para el 2007 aquella cifra se incrementó en un millón, según CODHES. A la fecha sobrepasa los cinco millones de personas desplazadas. El gobierno reconoce la existencia de tres millones de desplazados. A finales del 2007, el número de refugiados y desplazados internos, en todo el mundo, suman 37,4 millones según ACNUR. Los desplazados colombianos representan el 13.7 por ciento de ese total, lo cual refleja la profundidad de la crisis humanitaria. ¿Por qué se produce el desplazamiento? Las causas las oculta el gobierno y manipula la verdad para salvar la responsabilidad, echándole malintencionadamente la culpa a la guerrilla del desplazamiento forzado. Cuando todas las evidencias demuestran que es el resultado de la aplicación de políticas del Estado sobre la tenencia y uso de la tierra, los planes de desarrollo capitalista del campo, la construcción de megaproyectos y la estrategia contrainsurgente; es el método tradicional con que la oligarquía se apropia de la tierra de campesinos, indígenas y afro-descendientes. El desarraigo, forma barata de apropiación de la tierra. Las comunidades afro-descendientes que habían legalizado sus formas de tenencia tradicional de la tierra, (la Ley 70 de 1993) fueron expulsadas violentamente del medio y bajo Atrato por paramilitares que se apropiaron de ellas para beneficiarse de megaproyectos planeados y extender los cultivos de palma aceitera. Los resguardos indígenas fueron reducidos mediante el robo de las tierras ancestrales de las comunidades. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en su informe del 2008 registra que de los 15,5 millones de campesinos que existían en 1990, cinco millones fueron expulsados, en los últimos 10 años. Este desplazamiento produjo la contra-reforma agraria narcoparamilitar, en la que seis millones de hectáreas de tierras productivas pasaron a manos de los “descuartizadores” con motosierras, sin costo alguno o a bajo precio. La Pastoral Social del Episcopado colombiano, en su informe número 2 de 1999 sobre desplazamiento forzado, afirma que "conectar el tema del desplazamiento forzado y el ‘conflicto agrario’ permite mostrar algunos de los intereses que ven en el desarraigo la forma más ‘económica’, barata, de conseguir objetivos referidos a la acumulación de tierras previamente acondicionadas y, por ende, valorizadas por el trabajo campesino". El desplazamiento producto del modelo de desarrollo económico. El FMI en la década del 60 introdujo para Colombia, como política, las expulsiones de los pobladores del campo, a través del asesor Lauchlin Currie. Este recomendó que para lograr el desarrollo del país era necesario reducir el número de agricultores, el peso de la agricultura en la economía e implantar medidas que aceleraran la emigración del campo, incluida la guerra de ser necesaria. El modelo neoliberal concretiza las recomendaciones, expulsando los campesinos del campo mediante la guerra sucia, destruyendo la economía campesina que soporta la seguridad alimentaria y concediendo gabelas especiales a la agricultura vinculada al mercado internacional. El asentamiento de megaproyectos de desarrollo es otro factor de desplazamiento, con la valorización de las tierras se convierten éstas en objeto de disputa. Ante las luchas sociales exigiendo reivindicaciones, recurren al asesinato de los líderes a través de los paramilitares y el ejército oficial, a la expulsión de los pobladores tradicionales. Un dato que ilustra el desplazamiento promovido por las empresas, lo proporciona la Red de Solidaridad. Esta registra que “el 84 por ciento de desplazados proceden de los departamentos que pagan el 78 por ciento de regalías petroleras. Estrategia contrainsurgente y desplazamiento. La doctrina militar del Ejército colombiano que se inspira en la doctrina Seguridad Nacional gringa, parte de la existencia de un enemigo interno que hay que destruir, considera a la población como guerrilleros vestidos de civil, como "el agua que hay que quitarle al pez”, para que muera. Esa doctrina explica de por sí el papel de la fuerza pública en el desplazamiento de la población campesina, como política de Estado. Hay dos hechos que confirman tal afirmación. El gobierno de Ernesto Samper dictó el decreto formalizando la creación de zonas Especiales de Orden Público, donde el jefe político y militar era el comandante de la región, los gobernadores y alcaldes quedaban bajo su jurisdicción con la facultad de ordenar sacar a los campesinos durante las operaciones militares contra la guerrilla. Este decreto fue anulado por inconstitucional. Ante la imposibilidad de desplazar legalmente a los campesinos, se recurrió a los jefes narcoparamilitares y se les asignó la tarea de implantarse, con ayuda del Ejército, en las zonas de orden público, someter la población al terror mediante masacres y crímenes horrendos, apropiarse de los predios y expulsar a los campesinos. Los jefes narcoparamilitares extraditados están soltando la lengua, confirmando su papel en la estrategia contrainsurgente. Nacional LA FONDA DE DON PEPE Por Piquete. Como a todos los oriundos de Antioquia, al doctor Varito, también le gusta ir a las fondas. Mientras sus paisanos las frecuentan por los fríjoles con tocino que venden, él prefiere la de don Pepe, pues allí además del aguardiente, el dinero llega fácil en los juegos de dados cargados y en otros fraudes e ilícitos. Luis Guillermo y Gonzalo los compinches que le quedaban, esta tarde no estaban y por ello el doctor Uribe Vélez, llegó a la fonda y en vez de pedir dados, se limitó a pedir sólo un aguardiente. Este Club se va reduciendo, ¿no es cierto? Dijo don Pepe, mientras le servía el trago. Así es, mataron a unos y a otros los tienen fuera del país, le respondió con tono triste. Se cumplió la maldición de los de Cali, quienes vaticinaron que la alianza con los gringos contra Pablo, enseguida se voltearía contra nosotros mismos, terminó diciendo. Pero no se aflija, le contestó el dueño de la fonda, véase Usted, ahora es Presidente y así ¿quién lo toca? No crea eso, pues ‘el tigre no es como lo pintan’ y hagamos cuentas para que vea: a los Castaño y Doble Cero los mataron, los de Cali siguen presos y sus fortunas fueron a parar a manos de los gringos, a don Berna me obligaron a enviárselo y allá lo tienen negociando, hasta quitarle lo que tiene y consolarlo con unas migajas. Siendo cierto, que ‘el tigre es de papel’, no es menos cierto, que es más bellaco, que todos los malos juntos, anotó don Pepe. Exactamente, pero ese es el aliado que nos tocó, dijo con resignación su afamado cliente. Imagínese hasta dónde han llegado, añadió, primero persiguieron a Guillo acá en Colombia, hasta que lo hicieron ir para Perú y no contentos con esto, aún siguen hostigándolo. Cómo es la vida, agregó el de la fonda, cuando él creó este Club de Los Pepes en 1.993, lo llamaban don Luis Guillermo y ahora lo presentan como Guillo, como un vulgar mafioso… ya se les olvidó que sin su ayuda, no hubieran podido matar a Pablo. Uno no debe abandonar a sus amigos, afirmó el Presidente, si Guillo me financia las campañas electorales, debo corresponderle y por eso hice trámites en Perú, para que trasladara allí sus negocios, luego que aquí le hicieran vender precipitadamente, empresas como Cable Pacífico y Helicargo. ¿Y cómo le localizaron el paradero actual? Preguntó curioso, el bodeguero. ¡Sobran traidores! -respondió- quienes dicen, que sus contratos de obras de infraestructura con el Estado peruano, son una lavandería de narco dólares. Esta es la historia del ángel caído, remató diciendo don Pepe: Guillo traicionó a Pablo para aliarse con los gringos y ahora éstos le pagan con otra traición… menos mal que Usted Presidente, ¡si le mantiene la amistad! Nacional GUARDESPALDAS DE MENTIRAS Se dice que en los conflictos y en las guerras la verdad es la primera víctima, al igual que los “medios de comunicación” son la expresión de la estructura de poder que impera en una sociedad, por eso se dice que son el cuarto poder. Fue histórica la frase pronunciada por Wiston Churchill en el contexto de la Segunda Guerra Mundial: "En tiempos de guerra, la verdad es algo tan preciado que debe ser cuidada por un guardaespaldas de mentiras". Tal frase encierra en sí misma el engaño que quiere combatir, la supuesta verdad de los poderosos debe imperar a costa de expandir por el mundo todas las falsedades que se quieran. Muchas veces las “medias verdades” dicen más mentiras que otra cosa y el lenguaje en vez de comunicar la objetividad de lo acontece, se convierte en un ropaje que oculta lo que debe conocerse. Son múltiples las mutaciones que el gobierno colombiano ha forzado en el lenguaje que escuchamos diariamente. Se habló de “justicia transicional” en la caricatura de negociación con los paramilitares, cuando en realidad se trataba de favorecer a los responsables de los crímenes y se dejaba en el olvido la verdad, la justicia y la reparación que aún hoy las víctimas continúan exigiendo. Podríamos completar una extensa lista de nuevas palabras o términos que han ido desfigurando la información y por tanto negando el conocimiento de la verdad. Lo más resaltante de estas mutaciones forzadas del lenguaje se da con los “falsos positivos”. Los entendidos señalan que se trata de ejecuciones extrajudiciales. Pero si miramos con más detenimiento esto querría decir que según la justicia colombiana las ejecuciones que podrían hacerse serían las “intra-judiciales”; o sea, en el marco de la ley vigente, como si la pena de muerte estuviese permitida. Qué confusión se nos crea con esta manera de comunicarnos. Para completar el cuadro de confusiones, el Procurador Alejandro Ordoñez en entrevista concedida a El Tiempo, el 21 de este mes, tratando de rectificar el entuerto que se creó con los mal llamados “falsos positivos” introdujo un nuevo término: “ejecuciones arbitrarias”. Esto quiere decir que las “ejecuciones no arbitrarias” si se pueden realizar, entonces se pueden cometer asesinatos por las buenas y de manera amable, por eso los asesinatos cometidos por los militares contra los jóvenes desempleados de Soacha tuvieron una presentación amable, todos fueron llevados a la muerte con una oferta de trabajo. Más claro no canta un gallo. En Colombia ya no sólo tenemos problema con la justicia, sino también con el lenguaje. Nacional AL BASURERO EL DERECHO DE LAS VICTIMAS En la segunda semana de junio el Congreso, de mayorías uribistas, le dio entierro de tercera al proyecto de ley que ordenaba la reparación de las víctimas de la guerra sucia. El Presidente llamó a la bancada de su partido y le ordenó votar en contra, y así lo hicieron obedientemente. Frente a las duras críticas que suscitó tal hecho, el Presidente responde con argumentos inconsistentes, intentando justificar otra infamia más contra las víctimas y mintiendo para camuflar la ausencia de voluntad política para repararlas. El argumento central es económico. La Ley costaría 70 billones de pesos, suma que las finanzas públicas no tiene con qué pagarlos, según la afirmación de Uribe Vélez. En cambio si hay dinero para subsidiar al sector exportador e inversionistas con altísimas partidas y atractivas gabelas como el recorte de los derechos laborales, la rebaja de impuestos y la seguridad jurídica durante veinte años. Como el Presidente tiene voluntad política para financiar a los ricos, el dinero aparece de alguna parte, pues sabe donde encontrarlo y tiene como hacerlo. Pero cuando se trata de los pobres y desprotegidos, no hay nada y mucho menos para las víctimas de la guerra sucia que ejecuta el Estado. Pero además durante los debates en el Congreso, donde estuvo el Ministro de Hacienda, éste no hizo reparos financieros al proyecto. El segundo argumento expuesto es “sacado de los cabellos”, dijo que aprobar la ley como está redactada, significa equiparar los “terroristas” con los soldados de la Patria y afectar la Seguridad Democrática, lo cual es una perversa manipulación de la verdad. El proyecto de ley busca reparar las víctimas de la guerra sucia sin tener en cuenta si el victimario es el Estado, un individuo u organización calificada de ilegal. En esta ley la condición fundamental para la reparación de la víctima es que sea real el hecho y demuestre serlo, independiente que el victimario esté identificado y juzgado. El Presidente sabe por dónde “corre el agua que moja”, y recurre a sus acostumbradas leguleyadas pretendiendo evitar lo inevitable, que salgan a flote los innumerables crímenes de Estado, que por la sistematicidad de ellos termine calificado como terrorista y altos funcionarios públicos responsables de crímenes de lesa humanidad, sean juzgados como victimarios. Este es el fondo del problema y no la argumentación expuesta por el mandatario. La misma actitud mañosa fue la que asumió en relación con el derecho de las víctimas de la guerra sucia a conocer la verdad y a que se haga justicia. Para evitar que hablaran extraditó a EE.UU a catorce jefes narcoparamilitares, responsables y conocedores de muchos crímenes de lesa humanidad y de la coparticipación de altos funcionarios del Estado en ellos, configurando el delito de obstrucción a la justicia con tal encubrimiento. Uribe no quiere y no permite que se desenrede el entramado de la guerra sucia, porque muchos de sus hilos llegan a él, a su entorno político y familiar. Los mayores esfuerzos de su gobierno están dirigidos a convencer a la opinión nacional e internacional, que la responsable de la violencia es la guerrilla colombiana a la cual califica de terrorista; en cuanto a los horrendos crímenes de sus aliados, los narcoparamilitares, estuvieron por fuera de la agenda de la justicia, intentando favorecerlos al reconocer sus crímenes como delitos políticos. Mientras que los crímenes de Estado se empecina en ocultarlos y negarlos; cuando las evidencias son indiscutibles, reconoce éstos como casos aislados de unas cuantas “manzanas podridas” dentro de la fuerza pública. Pero las cosas no son ni funcionan como los uribistas quieren y lo planean. Debido a la magnitud de la crisis humanitaria y la responsabilidad del Estado en ella, algunos organismos internacionales vienen ocupándose de la situación de derechos humanos y la eficiencia de la justicia colombiana. Hace una semana el Relator de la ONU para los casos de “ejecuciones extrajudiciales” de visita oficial en el país, escuchó a muchas de las víctimas, investigó casos y comprobó que los crímenes de Estado, llamados benévolamente por los medios de comunicación “falsos positivos”, es una práctica sistemática y generalizada, que en trece departamentos se registra ésta práctica y más de mil quinientos casos ejecutados durante el gobierno del presidente Uribe están en proceso de investigación, reveló en su informe inicial. Las contradicciones surgidas con la Corte Suprema de Justicia, el desgaste con algunas personalidades de la élite dominante que se apartaron del proyecto uribista y la voz crítica de la conciencia ética y moral de la Nación, se originan en la pretensión presidencial de impedir que se conozca la verdad, se haga justicia y se repare las víctimas del terrorismo de Estado. Internacional HONDURAS: LA LUCHA DE CLASES SE DESNUDA El golpe de Estado que se desató en la República de Honduras es una respuesta clásica de la oligarquía que empezaba a sentir que el gobierno se salía de su control y que el futuro sonreía al pueblo. 1. Honduras es una república situada en Centroamérica y con 112 mil kilómetros cuadrados. La habitan siete millones y medio de personas. Con una historia signada por la presencia tutelar de los Estados Unidos, invadida, neocolonizada por las compañías bananeras, sobre todo la Mama Yunai (United Brands), plagada de dictadores militares, cipayos de los planes imperiales para la región, se encontraba en el inicio de una búsqueda de independencia y soberanía. 2. Los gobiernos de Honduras se insertaron en la política imperialista para Centroamérica, sirviendo de base de toda la conspiración y la acción encubierta contra las luchas libertarias de sus pueblos. La guerra de los llamados contras contra el gobierno y el pueblo sandinista, que profundizó las contradicciones y la crisis en ese país, fue implementada abiertamente desde el territorio hondureño. Las bases estadounidenses en Honduras también sirvieron para la acción encubierta y abierta contra la insurgencia salvadoreña y guatemalteca, durante la década del 80. En estos momentos Honduras contiene al menos 1000 soldados yanquis legalmente. La base yanqui Soto Cano, antigua Palmerola, sede de una estación del Comando Sur del Ejército yanqui, es un centro de espionaje regional y poseen las condiciones para ser un real portaviones para cualquier maniobra armada del imperio. 3. El propio régimen hondureño tiene una cruel historia de desapariciones, torturas y encarcelamientos contra los luchadores populares. En la década del 80, Honduras sufrió la presencia del futuro Director de Inteligencia de régimen terrorista de Bush, Jhon Dimitri Negroponte. Fungió como embajador y es conocida su condición como dinamizador de los grupos que desarrollaron la guerra sucia contra el pujante movimiento popular hondureño en esa década de grandes luchas en el istmo centroamericano. Son miles de victimas entre desaparecidos, torturados y encarcelados. Algunos de los actuales funcionarios del gobierno espurio de Goriletti, trabajaron en el famoso Batallón de Inteligencia 3-16, que se creó durante el virreinato de Negroponte entre 1981 y 1985. 4. En el contexto del fragor nuestramericano por la integración, la solidaridad y la complementariedad, el gobierno de Manuel Zelaya había iniciado un proceso de reencuentro con los hermanos del Sur. Su ingreso a la ALBA, su decisión de democratizar la República y su acercamiento ideológico a las corrientes que hoy nutren lo mejor de Nuestramérica generaron temor y reacción en la oligarquía hondureña. 5. Una oligarquía totalmente simbiótica con los planes del imperio es la que resulta de una historia de cipayismo, militarización y ausencia de sentido patriótico. El General Francisco Morazán, quien vivió en el siglo XIX, fue el adalid de la unidad centroamericana y Presidente de la República Federal de Centroamérica, Honduras, Guatemala y Nicaragua, fusilado al fin por las huestes conservadoras en Costa Rica, es el héroe más prestigioso de Honduras. Murió pobre, pues todos sus recursos los absorbió la guerra por la independencia y la unidad de Centroamérica. Su vida es la antítesis de la actual oligarquía golpista. 6. Este 28 de junio se dio un golpe de Estado, claramente oligárquico. Con disculpas leguleyas, poniéndose por encima del Poder Constituyente que es el pueblo soberano, rompen la legalidad e imponen un régimen que enfrenta al pueblo con represión y muerte. Es un renacer de las dictaduras gorilas que como una plaga asolaron los países de Nuestramérica. Su catadura ideológica se manifiesta claramente en el desprecio hacia el orden legal interno, que no es ni mucho menos el mejor y a la posición vertical de rechazo de la comunidad internacional. Ningún país del mundo que respete su propio entramado jurídico reconocerá el gobierno de facto. El repudio a su acción ha sido universal. 7. Desde el mismo inicio de la asonada, con el destierro impuesto al Presidente Zelaya, el pueblo hondureño ha permanecido en las calles repudiando el asalto y pidiendo el regreso del Presidente. Son cientos de miles los manifestantes que asumen como una afrenta la ruptura del llamado hilo constitucional. El pueblo hondureño despertó, y parece estar dispuesto a no permitir esta burla a sus decisiones. 8. Declaraciones de la embajadora de Estados Unidos DiCarlo respecto a Honduras en la ONU hoy 30 junio 2009: "Estados Unidos se unió a nuestros socios miembros de la Organización de Estados Americanos en condenar el golpe de estado, detención arbitraria y expulsión del presidente Zelaya y en solicitar la restauración completa del orden constitucional. Además, nos unimos a nuestros colegas de la OEA en exigir el retorno seguro e incondicional del presidente Zelaya a Honduras para que pueda reanudar sus funciones constitucionales. Como se estipuló en la resolución aprobada ayer por el Consejo Permanente de la OEA, nos negamos a reconocer cualquier Gobierno de Honduras que no sea el legítimo gobierno constitucional del presidente Zelaya. " Este es el carril público del gobierno de los Estados Unidos, de su departamento de Estado. Cual será el carril secreto, que papel juegan la CIA, los militares yanquis asentados en Honduras? Esta será una manifestación más de las contradicciones en el establecimiento yanqui, entre el poder real y el que apenas se crea?. Es imposible que la embajada yanqui en Tegucigalpa no supiera del Golpe. 9. El Poder popular que se construye desde abajo y a la izquierda en Nuestramérica, irrumpe. Con diferentes acentos, con diferencias en su profundización y desarrollo, los países que participan de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, van perfilando sus transformaciones y gestando la cada vez más consciente decisión de nuestros pueblos de dirigir su propio destino. Los pueblos nuestramericanos estamos gestando la conciencia necesaria para constituir nuestros sistemas republicanos, nuestra economía, nuestra forma de gobernarnos. Esa es la realidad de estos tiempos. En Honduras se transluce la batalla de la época, el sentido actual de la historia, se desnuda la lucha de clases. www.eln-voces.com www.patrialibre.org