EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE COLOMBIA Revista Insurrección No. 184– 28 de septiembre de 2009 Editorial EL INVIABLE Nacional * OIGA URIBE, LA EDUCACIÓN NO ES UN NEGOCIO * ¿SEGURIDAD HUMANA O SEGURIDAD DE ESTADO? Editorial EL INVIABLE Una a una las instituciones estatales colombianas entran a cuidados intensivos y cada nuevo desplome va indicando niveles peores de la crisis nacional. La Corte Suprema de Justicia se reafirma en clasificar como inviable, la terna que el Presidente Uribe le envió, para de ella escoger al nuevo Fiscal General, porque dos de los postulados son incompetentes y el otro resultó ser socio del narco paramilitar Víctor Carranza. Esta semana, en un Fallo histórico la Corte declaró como crimen de lesa humanidad la asociación con grupos ilegales, con lo que los políticos enjuiciados e investigados por el escándalo de la Parapolítica, en caso que lograran eludir al sistema judicial colombiano, deberán comparecer ante la Corte Penal Internacional. Como es conocido mundialmente, gran parte del Congreso, la mayoría de los Partidos derechistas y el propio Presidente Uribe, terminaron convertidos en tentáculos del narco paramilitarismo y lo que hace ahora este Fallo de la Corte Suprema, es declararlos inviables. Estos inviables, en retaliación persiguen a la Corte y sobre todo al magistrado Valencia, el encargado del proceso por Parapolítica. Hace ocho días, el Fiscal general interino reconoció que interceptó ilícitamente el teléfono del magistrado Valencia, supuestamente engañado por un informante de inteligencia. Entonces, ¿es inviable la Fiscalía general? ¿O lo son las redes de miles de informantes a sueldo de las instituciones de inteligencia? ¿O ambas? Desde mayo pasado la secretaría general de Interpol había cortado sus relaciones con el DAS, el ente estatal encargado de la inteligencia, debido a que se había convertido en un brazo del narco paramilitarismo, pero sólo ahora que un grupo de Representantes a la Cámara de Estados Unidos señaló esta infiltración, el Presidente Uribe ordenó la disolución de esta institución, reconociendo por fin, su inviabilidad. En noviembre de 1.985, durante la toma del Palacio de justicia, donde fueron inmolados los mejores magistrados colombianos, también fueron desaparecidos 11 trabajadores, a quienes el ejército gubernamental acusó de ser parte del grupo guerrillero que realizó el ataque. Aunque tarde, ahora comienza a aflorar la verdad sobre este ataque y sobre la retoma militar hecha por el ejército gubernamental. En el juicio contra el coronel Plazas, el comandante de la retoma del Palacio de Justicia, la fiscal Buitrago está demostrando que la versión sostenida por el régimen durante 24 años, es un cúmulo de mentiras. Ella demostró que el incendio del Palacio lo produjeron los cohetes lanzados por Plazas y que eran 13 los trabajadores desaparecidos, quienes salieron con vida de la retoma y murieron por las torturas, que les infligieron en los batallones militares del norte de Bogotá. La fiscal exige condena para Plazas como perpetrador de crímenes de Estado y para toda la cadena de mando, que determinó y condujo este genocidio; con lo que declara inviable por inhumano el terror de Estado imperante en Colombia. El Procurador General rechaza la condena de Plazas, mientras su abogado insiste en que su defendido sufre de locura, para así poder esquivar la pena que le espera; en un vano esfuerzo por acudir a la misma argucia usada por Pinochet para burlar la justicia. No hace mucho, este mismo Procurador General declaró que la clase dominante de Colombia estaba loca, lo que fue entendido por muchos, como una crítica al colapso que sufren las instituciones y la sociedad colombiana; pero también puede entenderse como una excusa para que no se juzgue la responsabilidad de estas elites, por causar la crisis nacional. Lo que demuestra este colapso es que el verdadero inviable es el régimen capitalista neoliberal, que para sostenerse se atrinchera en el terrorismo de Estado. Esta crisis, permite que tanto la sociedad colombiana como la comunidad internacional ganemos más conciencia sobre la indispensable salida política para el conflicto interno y nos convoca a comprometernos con esta. Nacional OIGA URIBE, LA EDUCACIÓN NO ES UN NEGOCIO Como brisa fresca, continúan las movilizaciones de los educadores, gracias a las cuales la sociedad colombiana logra escuchar otras opiniones sobre el sistema educativo, diferentes a las de este régimen, quien sostiene que la escuela es una empresa y la educación es un negocio. Medio siglo de lucha cumplió este año la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), el cual ha transcurrido en medio de una tesonera lucha por la defensa de la educación pública y de los derechos de los educadores. La educación pública es llevada para el cementerio por este régimen neoliberal, quien acatando órdenes del Fondo Monetario Internacional sigue eliminando el gasto social que debe hacer el Estado, para destinar cada vez más dineros para la guerra y para pagar deuda externa. Estos recortes los hacen, disminuyendo las llamadas Transferencias del gobierno central hacia las regiones, que significa el estrangulamiento de los presupuestos para educación, salud y agua potable. Dentro de un plan que apunta a que dichos recortes lleguen a ser del orden de 36 mil millones de dólares en el 2.016; que significa la mitad del presupuesto nacional de gastos previsto para el 2.010. En compensación, el régimen desarrolla la privatización de tales servicios sociales, que ahora se traduce en entregar colegios públicos a empresarios, el desplazamiento de estudiantes hacia colegios privados, el subsidio a los estudiantes se cambia por el subsidio a los dueños de los colegios, e imponer el régimen de Cooperativas de Trabajo Asociado, que elimina todo tipo de garantías laborales y de prestaciones sociales para los educadores. La oposición a esta mercantilización, la castiga el régimen con la persecución, que ya deja miles de asesinados, desaparecidos y detenidos de la comunidad educativa. Tres cuartas partes de los sindicalistas asesinados el año anterior, corresponde a educadores. El 23 de marzo pasado la FECODE, presentó un Pliego de peticiones al Ministerio de Educación Nacional, con alternativas al plan del gobierno de acabar el régimen especial de prestaciones del magisterio. Contra reforma laboral que de lograr imponerse, tiene previsto que el 31 de julio de 2.010, dejaría cesantes a cerca de 70 mil educadores -que han seguido laborando después de haberse jubilado-, además de hacer recortes severos de derechos laborales, a otros 180 mil. La FECODE también enfrenta el mal llamado Estatuto docente #1278 y el no pago de costos derivados de los ascensos obtenidos por los educadores, desde 2.004. La lucha magisterial busca abrir paso a una educación alternativa, que haciendo parte del Proyecto de un Nuevo País, dignifique la profesión docente. Por eso, se han venido adelantando paros regionales y el próximo 14 de octubre se realizará un Paro Nacional, que se suma a las grandes jornadas movilizadoras que se realizan en todo el país. T. W. Adorno en ‘La educación después de Auschwitz’, respalda la lucha de los educadores colombianos, cuando afirma, que “Es la barbarie, contra la que se dirige toda educación… Si en el principio mismo de civilización está instalada la barbarie, entonces la lucha contra ésta tiene algo de desesperado”. Nacional ¿SEGURIDAD HUMANA O SEGURIDAD DE ESTADO? Entre el cúmulo de fenómenos que constituyen la profunda crisis humanitaria y la degradación ética y moral del Estado y la sociedad, hay cuatro a los que apenas las noticias y los apologistas del régimen se refieren tangencialmente: la paz, la corrupción, el terror de Estado y la vida digna de la sociedad colombiana. La matriz de opinión del régimen está dirigida a acuñar la idea que narcotráfico y guerrilla es la misma cosa, que ésta es terrorista y que los gobiernos vecinos apoyan el terrorismo y favorecen el narcotráfico. Esta matriz sirve de cortina de humo para tapar los crímenes de Estado, la corrupción del régimen, el incremento del desempleo, la pobreza y las grandes insatisfacciones que padece el pueblo colombiano. Campaña con la que el Presidente Uribe justifica la negativa a adelantar un proceso de paz serio, sin trampas, estable y duradero, que resuelva el conflicto social y armado interno; que además fundamenta la militarización del país, camufla su espíritu guerrerista, exalta un peligroso patrioterismo en contra de los pueblos hermanos, en nombre de la defensa de la soberanía; cuando sin el menor rubor hinca las rodillas ante el imperio y entrega el territorio al ejército gringo, para que establezca más bases militares, que amenazan al resto de países del continente. Esta campaña que desarrolla la política de Seguridad Democrática o Doctrina de Seguridad Nacional, que es la misma cosa, es la estafa mayor que la oligarquía le ha hecho al país. Dicha política persigue garantizar al capital que crezca sin límites, a los inversionistas que dispongan de todo tipo de gabelas, desde liberarlos de impuestos, cargas laborales y presiones sociales de sindicatos y comunidades, hasta entregarles en privatización a menos precio las empresas estratégicas, que son patrimonio de los colombianos. La supuesta Seguridad Democrática no lucha contra la corrupción, que se ha elevado a niveles inimaginables, por el afán de enriquecimiento fácil e ilícito y por el pago de favores políticos desde el Palacio presidencial. Aquella política tampoco tiene que ver con la persecución y desmonte de la estructura terrorista encargada de los crímenes de Estado, las amenazas de muerte y el espionaje ilegal a la oposición política y disidentes, incrementadas en este gobierno. Tampoco está en sus propósitos la defensa del empleo, la disminución de la pobreza y las necesidades vitales insatisfechas del pueblo. La búsqueda de la paz no está en la agenda de la oligarquía; su campaña mediática promueve la guerra, la eliminación de toda oposición y resistencia, y la intimidación a los gobiernos vecinos, que no son dóciles del imperio. Así las cosas al conflicto social y armado, que suma más de medio siglo, no tiene horizontes de solución; la clase dominante no tiene interés en superarlo, porque se beneficia de él y mucho menos piensa resolver las causas que lo originan; por el contrario pasa de agache ante los grandes problemas que tiene el país. No hay razón para que los colombianos tengamos que tolerar a este régimen antidemocrático y represivo, que ejerce el mando con mentiras, que oculta los grandes problemas y que afecta a las grandes mayorías del país. No podemos dejarnos silenciar, no hay que aplazar por más tiempo la decisión de asumir un compromiso con el cambio. Sumemos voluntades y hagamos una sola causa contra la dominación del capitalismo salvaje y el régimen de la Seguridad Democrática; y unidos con un programa de transformaciones, marchemos por un nuevo gobierno de nación, paz y equidad, que se integre a los vientos de cambio, que soplan por el continente. www.eln-voces.com www.patrialibre.org