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La crisis económica en la salud

Escrito por Emiliano Díaz

 

La crisis económica que atraviesa el país definitivamente no se debe a las movilizaciones sociales, paros, consultas populares en contra de la mega minería, o a las justas luchas de las y los trabajadores colombianos por exigir mejores condiciones laborales, como lo afirman burócratas irresponsables. La corrupción y el sistema económico capitalista, que no le interesa invertir en políticas sociales es la verdadera causa.

Anualmente se pierden miles de vidas en Colombia a debido a la corrupción en la que se encuentran las empresas prestadoras de salud (EPS),  incapaces de garantizar la atención y la vida a sus afiliados, por su déficit económico debido a la corrupción.

 

La salud un negocio redondo

La compra de la EPS Cafesalud, que cuenta con más de 6 millones de afiliados, por el consorcio Prestasalud -conformada por 8 empresas del sector-, a un precio de 499,93 millones de dólares, fue el segundo negocio, que más capital ha movido en 2017. Una suma demasiado alta si se tiene en cuenta que Cafesalud es una empresa quebrada, con 2,9 billones de pasivos y perdidas de 13 mil millones de pesos por semana.

La salud y la vida de las y los colombianos se ha convertido en un gran negocio. Las empresas prestadoras de salud, que reciben dineros públicos y recaudos de sus afiliados, se han convertido en verdaderas ollas de corrupción y clientelismo. Un ejemplo claro de esta situación es la venta no transparente de la más grande EPS del país.

No hay claridad en la venta de Cafesalud, donde sólo hubo 2 oferentes, EPS Sanitas que ofreció 270 mil millones de pesos y el consorcio Prestasalud, que presentó una oferta de 1,4 billones de pesos; una diferencia abismal en términos financieros. 

Hay que recordar que en Colombia existe un sistema de seguridad social, financiado por aportes de los afiliados y recursos públicos, manejados por aseguradoras privadas, que reciben un monto anual por cada afiliado, llamado Unidad de Pago por Capitación (UPC), a cambio de garantizar un plan de beneficios igual para todos los asegurados.

Pero de la UPC también se obtiene la ganancia de los aseguradores, esto quiere decir que las aseguradoras tienen más ganancia, si gastan menos de lo que reciben por cada afiliado. En consecuencia las EPS ofrecen servicios de poca calidad, para obtener mayores ganancias.

Es un negocio redondo, porque las empresas privadas reciben los recursos públicos, y podrán gastarlos como quieran, sin un control real de los gastos. Esto significa que la salud de los colombianos está en manos de empresas privadas, que no les interesa prestar un servicio de calidad, su interés real es lucrarse con la salud y la vida de sus afiliados. El Estado y la oligarquía colombiana incapaces de proveer salud al pueblo, es la culpable directa de los cientos de miles de muertes, que suceden en el país a causa de un servicio de salud corrupto e ineficiente.

 

Un país sin salud pública

Lo que ha sucedido con la venta de Cafesalud, es solo una muestra de como este gobierno juega, no solo con los intereses económicos del país, sino con la vida de la mayoría de las y los colombianos. La privatización sistemática de la salud cobra más vidas que el conflicto armado, la delincuencia común,  y cualquier otro factor social.

Las empresas privadas que ven en la salud un negocio, no les interesa prestar un servicio de calidad. Por eso no es de extrañar que los médicos en los hospitales, receten Acetaminofén para todos los males y enfermedades de la población. 

Vivimos en un país donde juegan con la vida  y la salud se ha convertido en una lucha de clases, donde la clase popular se ve sometida al Acetaminofén o a automedicarse, mientras la burguesía colombiana se gasta los recursos públicos, en operaciones estéticas.

Por ello es necesario que el pueblo colombiano junto a los trabajadores de la salud se rebele frente a estas injusticias y luche para exigirle al gobierno el derecho a una salud digna, y el respeto a la vida de los y las colombianas. No puede seguirse permitiendo  que las gentes menos favorecidas, tengan que pagar con su vida, la corrupción y la inoperancia de un gobierno incapaz de proveer a su pueblo, algo tan vital como es la salud, mientras premia o no sanciona a los responsables de este grave delito.

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