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Los “alivios humanitarios” que deben acompañar al cese al fuego bilateral

Escrito por Leonardo Sandro

El ELN viene trabajando no solo en la propuesta de Cese al fuego bilateral, sino también en los alivios humanitarios que deberán acompañarlo, para rebajar la intensidad del conflicto y beneficiar a la población; falta que el Gobierno acelere sus compromisos, que no serán con el ELN sino con toda la sociedad.

 

Finalizó la segunda semana del tercer ciclo de conversaciones. Sobre el Cese al fuego bilateral, el debate está centrado en cuáles serán los “alivios humanitarios” hacia la población que cada parte está dispuesta a realizar.

Al respecto, el ELN fue claro cuando, en su comunicado del 2 de julio, expresó:

El cese bilateral consiste en la no realización de acciones ofensivas entre las dos partes, lo que se acompañaría con hacer alivios humanitarios que rebajen intensidad al conflicto y beneficien a la población; para lo cual exigimos que el régimen cese la agresión contra el movimiento popular y las tendencias políticas que están por los cambios en Colombia, y tome medidas concretas frente a las autoridades y los mandos de la Fuerza Pública que están aliados con el paramilitarismo”.

De igual modo, el ELN viene manifestando su disposición a corresponder a esos compromisos con otros que pone el Gobierno en debate sobre este punto. No se trata de “conceder” a los pedidos del Gobierno: los alivios humanitarios que acompañen el Cese son de interés del ELN porque, además de beneficiar a las comunidades más afectadas por la acción militar y paramilitar, favorecerían la participación de la sociedad en el proceso de paz.

Lo difícil en esa búsqueda de acuerdos parece ser que el Gobierno reconozca la existencia del paramilitarismo, y que éste no solamente está en relación con algún integrante aislado de la Fuerza Pública, sino que depende de políticas estatales que lo sostienen y se benefician de su accionar.

Mucho se invoca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa institución, al analizar casos de graves violaciones a los derechos humanos por parte del paramilitarismo en Colombia, en la Sentencia de Fondo del Caso Manuel Cepeda Vargas (26-05-2010) llamó a ir más allá de los perpetradores inmediatos, porque “resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen(…). En consecuencia, no se trata solo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto (…)” [*].

Esa referencia debería alcanzar para que el Gobierno y las instituciones colombianas dejen de esquivar sus responsabilidades ante los crímenes y la falta de garantías que existe en el país para líderes sociales y opositores políticos.

Por el contrario: es sabido que manuales de adoctrinamiento de las Fuerzas Militares mantienen directrices que promueven la persecución política y las operaciones paramilitares para llevarla a cabo.

La negativa del Gobierno a ponderar esos requerimientos del ELN (que coinciden con los que hacen los organismos de derechos humanos y movimientos sociales) permite comprender por qué no es fácil el camino de acuerdos en este punto. Aunque, valga la pena reiterar la valoración inicial: ambas partes se muestran laboriosas en la Mesa en buscar puntos de equilibrio.

 

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[*] Citada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-417/16 del 9-08-2016.

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