Con motivo de los hechos acaecidos hace treinta años en el Palacio de Justicia, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha declarado que revisará los indultos concedidos al Movimiento 19 de Abril (M-19), como parte de los acuerdos de paz que dicha organización hizo a principios de la década de los ochenta; pactos que culminaron con la formulación en 1991, de la actual Constitución Política del país.

El pronunciamiento se suma a las detenciones de líderes sociales y a la decisión de discutir los caminos hacia la paz en medio de la confrontación; sucesos y determinaciones que dan lugar a la desconfianza entre las Partes, fomentando interrogantes acerca de la validez de lo dialogado y la voluntad para respetar lo pactado.

Si un proceso de paz avanza, conquistando acuerdos entre los contendientes, no es, en ningún sentido, admisible que unilateralmente éstos sean irrespetados. Ello no sólo es una afrenta a los esfuerzos por alcanzar una solución política al conflicto, sino que, indiscutiblemente, pone en evidencia que el régimen le falla a la paz de Colombia.

La situación presenta otros agravantes. A la fecha, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han exigido al Gobierno Nacional la difusión pública del acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz; pacto sellado en Cuba, con un apretón de manos, entre Juan Manuel Santos, Timoleón Jiménez y el Primer Ministro Cubano, Raúl Castro. Con este anuncio de la Fiscalía, se lanza el mensaje que el Estado se está arrepintiendo de la palabra empeñada en el ceremonioso evento.

Queda por ver, si lo que pretende la Fiscalía con los dirigentes del extinto M-19, ¿no será una maniobra extensible a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional? Si esto ocurre con los indultos, ¿será que se respetarán e implementarán sin talanqueras, las transformaciones sociales y políticas pactadas?

Días antes, Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del régimen en el golpe de Estado perpetrado por los militares, durante la retoma del Palacio de Justicia. No obstante, ¿hasta qué punto tal reconocimiento se hará efectivo, para señalar a los máximos responsables de las decenas de asesinados y desaparecidos, que realizaron esos dos días? La intención del Fiscal parece ser la de respetar el indulto al M-19, siempre y cuando este mismo beneficio sea extensible a los crímenes de Estado allí perpetrados. Esta lógica de conveniencia es la que defienden algunos sectores, como el de Uribe Vélez, quien reclamó preclusión para el presidente de aquel entonces, Belisario Betancur y su grupo de ministros.

La consecución de la paz de Colombia no debe estar en tela de juicio; es un clamor social que hoy ha de comprometer a las Partes, lejos de las conveniencias con la que actúan los sectores más reaccionarios del establecimiento.

La insurgencia necesita tener la garantía, que negocia con un Estado serio, que es capaz de respetar los pactos que firma.

En el Ejército de Liberación Nacional estamos decididos a no desfallecer en la búsqueda de una solución política del conflicto, que aporte al logro de la paz. Esperamos que esta misma voluntad la tenga el régimen, para que podamos llegar a acuerdos. Siempre que exista la decisión de abrirle paso a los cambios que el país requiere, estaremos avanzando en la dirección anhelada, por todos los colombianos.

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