Carta  a la Corte Suprema  de justicia

SOBERANÍA EN LA JUSTICIA


Mayo 3 de 2.008

Bogotá.

Nos duele a todos los colombianos la postración en que está sumida la nación, debido a los manejos de una elite, que solamente piensa en sus propios intereses. Es en el Estado en donde esta crisis es más evidente.

Del debilitamiento del régimen dominante sacan provecho los potentados de los Estados Unidos, llegando al extremo de renunciar el gobierno de Uribe Vélez a tener una política internacional propia y reducirse, a cumplir la de la potencia norteamericana, con lo que condena a Colombia a convertirse en un Protectorado más de los EEUU.

Es de controversia universal la pretensión de los EEUU por obligar a todas las naciones, a asumir la ley de esa potencia como si fuera la propia. Aceptar esta supuesta jurisdicción universal de la ley estadounidense, para cualquier pueblo es una grave renuncia a su independencia y autodeterminación nacionales.

Para desgracia de los colombianos, los EEUU han logrado avanzar en su pretensión de imponerle a Colombia la legislación gringa. Desde hace muchos años el FBI investiga casos en territorio colombiano, protegiendo a sus agentes con inmunidad diplomática.

Parte de las leyes colombianas obligan a los funcionarios de la rama judicial a cumplir fundamentalmente una función administrativa, dejando las atribuciones investigativas y penales principalmente en manos de Cortes de los EEUU, como es el caso del trámite seguido para la extradición de nacionales colombianos hacia esa potencia.

En la comunidad internacional crece el rechazo a la pretensión estadounidense de imponer su mentalidad maniquea, consistente en que unos pocos individuos son los ‘malos’, mientras el sistema capitalista es el ‘bueno’. De tal forma se individualiza la responsabilidad de los problemas sociales y se prioriza su represión, mientras las lacras del sistema se propagan.

Los Programas de Ajuste Económico impuestos por el neoliberalismo empujan a miles de millones de seres en todo el planeta hacia la miseria, la inseguridad, la informalidad y la ilegalidad, pero estos efectos criminógenos se esconden, mientras se señala como ‘terroristas’ a todos quienes nos rebelamos contra este orden tiránico.

Uribe Vélez en cumplimiento de las directrices de Washington, no se cansa de calificarnos como ‘terroristas’ a todos los que nos oponemos al régimen oligárquico que acaudilla; además de negar la existencia en Colombia de un conflicto social y armado.

Lo que el mandatario vanamente trata de esconder, si lo reconocen muchos representantes de la comunidad internacional. Yves Heller, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, esto dijo el pasado mes de enero:

“Acá el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, y que tienen un cierto mando, cierta organización militar. Por eso, para el CICR existe en Colombia un conflicto armado interno y debe aplicarse el protocolo II de Ginebra en estas situaciones”.

Es ampliamente conocida nuestra persistencia desde 1.991, por buscarle una Solución Política al conflicto interno colombiano. Pero desde que Uribe Vélez encabeza el gobierno, se ha empeñado por imponer una desmovilización a la insurgencia, más que por construir soluciones estructurales a los graves problemas, que dieron origen a nuestro alzamiento armado en 1.964.

Entre las muchas presiones ordenadas por Washington para doblegar a la insurgencia, han acudido a extraditar hacia los EEUU a dirigentes guerrilleros colombianos. Ésta ni ninguna otra medida lograrán, que los revolucionarios abandonemos nuestra lucha por lograr otro orden social, en el que de veras gobiernen los intereses de las mayorías nacionales.

Este año han entregado a la Corte Suprema de Justicia las solicitudes de extradición a los EEUU, contra los militantes del ELN, Efraín Guerrero, Nelson Jaimes y Alfredo Gómez. Estos tres primeros procesos de extradición, los entendemos como una retaliación por parte de Washington y de Uribe Vélez en contra del ELN, por persistir en la lucha frontal en contra de su régimen tiránico.

Es evidente que contra estos militantes guerrilleros, el único cargo que les pueden hacer es el de ser rebeldes y dada la naturaleza política de nuestra actividad insurgente, hasta la misma Constitución Política Nacional prohíbe la extradición por esta causa.

Dentro de nuestra lucha por la segunda y definitiva independencia de Colombia, desarrollamos acciones antiimperialistas en contra de empresas de los EEUU, que expolian riquezas en territorio colombiano, entonces es más que un exabrupto, que ahora Washington pretenda juzgar en sus Cortes, hechos ocurridos por fuera de su suelo.

Esta absurda pretensión estadounidense también es prohibida por la Constitución Política Nacional, ya que expresamente niega la aplicación de la extradición, por hechos ocurridos en territorio colombiano.

La audaz arremetida de los EEUU en contra de lo poco que queda de soberanía nacional, choca con la Constitución Política Nacional.

Queda en manos de la Corte Suprema de Justicia marcar un rumbo de autodeterminación nacional, en contraste con la postura sumisa demostrada por el gobierno y su mayoría parlamentaria.

Atentamente,