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Resistencia Civil o Guerra Total

Escrito por Editorial N.529 / Revista Insurrección

En días recientes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llamó a una “resistencia civil” como mecanismo contra el proceso de negociación entre el gobierno y la insurgencia. Como siempre, a esta declaración le siguió una bien orquestada avalancha mediática de respaldo, del procurador Alejandro Ordóñez y los acólitos del Centro Democrático.

Este desafiante anuncio del senador Uribe, es una declaración de guerra total, que la extrema derecha militarista hace contra el proceso de paz. Sin embargo, para no aparecer tan guerrerista, utiliza la figura eufemística de “resistencia civil”, porque este concepto ha sido utilizado para oponerse a poderes coloniales, a dictaduras fascistas, o a la persecución política de gobiernos contra minorías étnicas y organizaciones sociales. Por eso, este término resulta contradictorio e inapropiado, pues sería la primera vez que se utilice la resistencia civil contra un proceso de paz.

El llamado de Uribe y los suyos, es la combinación de todas las formas de lucha, puesto que han mantenido toda la agresión paramilitar y ahora necesitan mostrar grandes movilizaciones que respalden la continuidad de la guerra en Colombia. Esta guerra total ya la comenzaron este año, con el paro armado del Clan Úsuga, del 31 de marzo al 1 de abril, para continuar con las marchas “civiles” el 2 de abril.

Varios estudios académicos y de organismos internacionales, demuestran que la llamada desmovilización paramilitar de Uribe, fue sólo una pantomima, para legalizar a los principales sicarios, después de cometer innumerables crímenes de guerra, pero dejando activa toda la estructura irregular del Estado para la guerra contrainsurgente, en abierta connivencia con las fuerzas regulares; dedicadas especialmente a masacrar las organizaciones sociales y políticas de oposición; manipulando sectores políticos, mediante una poderosa maquinaria electoral que impone una tercera parte del parlamento; manteniendo controles territoriales de varias regiones y captando las rentas estatales; sirviendo a los intereses económico de las empresas multinacionales, industriales, terratenientes, ganaderos, y; monopolizando las actividades de los negocios delictivos y criminales, donde se destaca el narcotráfico.  

Colombia es el país donde se sigue asesinando el mayor número de sindicalistas y defensores de derechos humanos, se siguen desterrando más de 300 mil personas al año. De las más de 6,5 millones de hectáreas despojadas, sólo se han devuelto el 0,2 por ciento, equivalente a 15 mil hectáreas, eliminando y amedrentando a los reclamantes. La criminalización y judicialización de la protesta social cada día cobra nuevas víctimas. Las cifras oficiales reconocen la existencia de 8 millones de víctimas, pero son muchas las personas que temen registrarse ante sus propios victimarios, pues ha habido retaliaciones. La guerra sucia continúa en pleno apogeo y las estadísticas demuestran que el principal responsable es el Estado, con sus paramilitares.

Es evidente la continuidad del paramilitarismo, como herramienta del terrorismo de Estado, así el gobierno le haya cambiado de nombre y asegure que son apenas bandas criminales -bacrim- dedicadas sólo al narcotráfico. El expresidente Uribe ha sido un furibundo promotor del paramilitarismo y ahora llama a su exacerbación con la “resistencia civil”, esto es un serio obstáculo a cualquier intento de solución política con la insurgencia.

La paz no se puede negociar sólo con un gobierno, sino que debe ser un compromiso de Estado, pero la oligarquía que controla el Estado está dividida. El sector oligárquico que se ha beneficiado y enriquecido con la guerra, no quiere dejarla porque es un negocio muy rentable.

Mientras que el gobierno se inventa la paja en los ojos del ELN, con las supuestas divisiones internas que no dejan avanzar el proceso de paz; no se quiere dar cuenta de la viga que tiene la oligarquía en sus vistas, con la convocatoria del uribismo a la guerra total.

Si el presidente Santos verdaderamente quiere la paz y, quiere tomar distancia de su antecesor Uribe, debe comenzar por controlar, atacar y acabar con el paramilitarismo, como condición para asegurar que en Colombia se podría hacer política sin armas y que no se asesinará a la oposición.

Si el gobierno de Santos quisiera la paz, debiera comenzar por respetar los acuerdos pactados para desarrollar la agenda de diálogo con el ELN y no estar queriendo sacar ventajas extras, con asuntos que no ha conseguido en la guerra ni en la mesa de negociación. Santos no puede exigirle al ELN lo que no se ha acordado. Es un mal augurio, desconocer los compromisos, cuando apenas se va a comenzar la Fase Pública.

Si se quisiera la paz, el gobierno pararía la guerra, mediante un cese bilateral del fuego, para que se creara un nuevo clima democrático, que permita la más amplia participación social, para construir las transformaciones que necesita Colombia.

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