La posibilidad de elaborar un análisis sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) supone un examen del contexto en el que se produce el Acuerdo con las FARC-EP y la comprensión del delito político que éste entraña; la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales es un aspecto decisivo en la concreción de este contenido.

Las FARC-EP proceden a abordar un Acuerdo de Justicia, bajo la perspectiva de comprometer a todos quienes “participaron directa o indirectamente” en el conflicto armado. Esto, sin embargo, de acuerdo a un tratamiento diferenciado. En ese orden, los destinatarios de la JEP son definidos del siguiente modo: 1) Investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión. 2) Combatientes de grupos armados, únicamente si éstos suscriben un acuerdo final de paz con el gobierno. 3) Colaboradores y personas que han financiado grupos paramilitares sin haber sido coaccionados y que no hayan sido condenados por otra jurisdicción. 4) Agentes del Estado que hubieran cometido delitos con ocasión del conflicto armado.

En primer lugar, salta a la vista que la ponderación de responsabilidades establecida en el Acuerdo tiende a determinarse en virtud de un precepto que se ha expresado desde la fundamentación y propósitos del Acuerdo. Se señala que “deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado, así como la presunción de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas”. Esto tiene dos consecuencias significativas; la primera, remite a la comprensión de lo acordado en razón de la rebelión. La otra remite a los efectos e implementación de lo acordado.

Sobre lo primero, se asume que el contexto en que se produce el Acuerdo tiende a mantener la rebelión como hecho injustificable y delincuencial. Si la rebelión implica el ejercicio de la fuerza y el empleo de la violencia, supone una disputa del monopolio de las armas y, por tanto, un cuestionamiento a la legitimidad de dicho monopolio. Sin duda, el cuestionamiento es respondido por el establecimiento al categorizar la práctica como delito. Esta es la visión que se impone en el Acuerdo de La Habana.

Sobre lo segundo, si se asume como cierto por ambas Partes -tal como lo registra el Acuerdo- que el Estado ostenta legítimamente el monopolio de las armas, la continuación de expresiones violentas organizadas con distintos fines debe ser combatida; de manera que el esclarecimiento y trato de fenómenos como el asesinato selectivo de líderes sociales es obligación imperativa del Estado. En sentido estricto, toda acción que el establecimiento no pueda justificar es un desafío al monopolio de la fuerza. Si, como ha sucedido, quienes deben estar encargados de identificar y perseguir estas prácticas no presentan resultados y el problema se acrecienta, se deben asumir dos posibles explicaciones; o bien, es falso que sea de interés del Estado preservar el monopolio de la fuerza y, por tanto, no tiene sentido que la insurgencia acepte esto en un Acuerdo de paz, aún como presunción; o bien, es evidente que el empleo de la fuerza por parte del Estado se hace con fines distintos al de ser “garante de derechos”.

Ciertamente, esta exigencia es plenamente posible si se logra establecer un Acuerdo con la totalidad de las organizaciones insurgentes. De lo contrario, como ocurre hasta la fecha, la centralidad de la ofensiva estará dada en las organizaciones rebeldes que no se acojan a un proceso de paz; lo conveniente para el establecimiento será, entonces, el aniquilamiento de los grupos de oposición política que lo obstaculizan, primando el cuestionamiento a la legitimidad sobre el monopolio de las armas y no su aceptación, como lo propone el Acuerdo.

En síntesis, asumir el monopolio de las armas por parte del Estado en un Acuerdo de Paz tiene un carácter prospectivo, en tanto se le exige al establecimiento responsabilidad; esto es, explicación, tratamiento e implementación de justicia, por hechos de violencia que se presenten. La manifiesta incapacidad de ello, habilita la continuación de la rebelión, en la medida en que hay omisión de la misión del Estado en su condición de “garante de derechos”.

Adicionalmente, sobre el tratamiento diferenciado, el numeral 44 de la Jurisdicción Especial para la Paz precisa que los agentes del Estado tendrán un tratamiento basado en el DIH; conforme a éste, se valorará lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública. También se indica allí que la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, jerarquía o ámbito de la jurisdicción. Se dice: “La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes”

Para el caso de las FARC-EP, el numeral 59 de lo consignado en la Jurisdicción Especial para la Paz, indica que la definición de responsabilidad de sus integrantes, estará basada en el DIH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal. En compensación hacia las FARC-EP por lo señalado en el numeral 44 para los Agentes del Estado, se afirma: “La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía”.

Si bien se rompe la cadena de mando en lo mencionado, los Agentes del Estado estarán cobijados por el DIH, mientras que, en el caso de las FARC-EP, se aplicará esta normativa, el Derecho Internacional de los DDHH y el Derecho Internacional Penal. Ello supone un desbalance en la imposición de sanciones, pues se exonera a los Agentes del Estado de someterse a una jurisdicción que los juzgue por sus actos al margen de su condición, pese a haber incurrido en conductas contrarias a los derechos humanos; lo anterior se expresa también en la interpretación que se realice del régimen normativo de la Fuerza Pública y lo dispuesto por la “Ley de Amnistía, Indulto y Tratamiento Penales Especiales”. De allí, sin embargo, el apoyo que distintos sectores vinculados a las Fuerzas Armadas han dado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se estima que a ésta se acogerían más de 5.500 uniformados.

En efecto, los llamados “Tratamientos Penales Especiales” cobijarán a los Agentes del Estado. Allí se establece, como “gesto de confianza”, la renuncia a la persecución penal, la cual extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal a los Agentes del Estado. Este mecanismo elimina los antecedentes penales de la base de datos y no tiene efectos retroactivos a futuro en términos laborales, disciplinarios, administrativos o fiscales. El que se califique este mecanismo como “gesto de confianza”, sin duda, no constituye una justificación. Se trata de habilitar un procedimiento, aunque en innegable desventaja, que supla, para la fuerza pública, el otorgamiento de amnistías. La desventaja es evidente en la limitada inserción que tendría la insurgencia, dado el descrédito acumulado por los medios masivos durante años, en relación con la posibilidad de los Agentes estatales. Éstos últimos podrían, incluso, aspirar a la reincorporación por parte de las instituciones. En tanto los medios masivos no cesen de propiciar información que desdeñe y restrinja la actividad política de los antiguos guerrilleros, no existirán posibilidades profundas para el tránsito pleno a la vida civil.

Ahora bien, en relación a los llamados delitos políticos, la Ley de Amnistía y lo contemplado por la Jurisdicción Especial para la Paz, son tajantes en determinar este tipo de delitos, como “aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal”. En relación a este reconocimiento, lo primero a señalar es que éste supone, por una parte, que las organizaciones insurgentes tienen móviles determinados por un carácter calificado de “opositor” y una actuación independiente del lucro económico; lo cual, empero, no implica una exoneración de responsabilidades y, por consiguiente, una abolición del delito. La rebelión sigue siendo una conducta que debe ser juzgada; pues su práctica, pese a “legitimarse” en su calidad de “actividad política”, sigue siendo ilegal.

Esta comprensión de la rebelión se produce en concordancia con el panorama de desfavorabilidad que rige la actividad rebelde en Colombia. De ello no hay duda. Las exigencias que se imponen en relación a los aportes de Verdad, permiten dar cuenta de la naturaleza en que será procesada la rebelión, pese a ser amnistiada. Según el numeral 27 de la Jurisdicción Especial para la Paz “la concesión de amnistías o indultos no exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la Verdad”. De acuerdo con esto, de ser solicitado, los amnistiados estarían en obligación de declarar en procesos jurídicos, de comprobarse que su participación en el conflicto o sus testimonios, contribuyen al esclarecimiento o refieren a hechos sancionables.

La obligación de suministrar verdad no siempre estará orientada a resarcir a las víctimas. Se busca identificar, crear lazos y esquemas que permitan dar cuenta de la realidad insurgente para sancionar su práctica. Sigue operando, aún en el proceso de paz, la lógica de descalificar y dar tratamiento criminal a la conducta rebelde. Ese modo de concebir la rebelión no contribuye al reconocimiento político al que se aspira con la superación de ésta, entendida como el levantamiento armado.

Para el Ejército de Liberación Nacional, la rebelión se concibe como una conducta, amparada por el derecho de los pueblos a implementar justicia y reclamar condiciones para una vida digna. El reconocimiento de esa idea, permite asimilar el actual carácter político de nuestra actividad y brinda condiciones para el tránsito, enmarcado en la solución política, a una forma no armada del ejercicio político.

 

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