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¿Quién Seca la Rama Judicial?

Escrito por Bernardo M.

Se cumplen más de cuarenta días del paro de las y los trabajadores de la rama judicial convocado por Asonal judicial. Exigen nivelación salarial, estabilidad laboral de los funcionarios de la Fiscalía y continuación de los juzgados de descongestión. Sumado a lo anterior, las y los guardias del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC) efectúan desde hace dos meses un “plan tortuga” denominado Plan reglamento, con el que ponen en evidencia la grave crisis carcelaria.

De acuerdo con la Constitución vigente, Colombia es un Estado social de Derecho con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, y diversos órganos de control. Es llamativo que una de las ramas del poder público, entre en cese de actividades por falta de recursos; el fondo de esta problemática es toda una crisis estructural acumulada por años y la manera cómo la agrava, la concepción de justicia desarrollada por el Estado burgués, en contra de un sistema de justicia al servicio del pueblo, que se base en principios de solidaridad y dignidad humana.

 

Sistema justiciero

Uno de los elementos del terrorismo de Estado de las clases dominantes, ha sido la promulgación indiscriminada de normas lesivas de los intereses de los sectores populares, que son aplicadas conscientemente por un sector considerable de jueces, fiscales y magistrados, quienes a su vez, son adoctrinados por conferencistas estadounidenses de la USAID.

El aparato de justicia ha sido funcional a las políticas del régimen tendientes a reprimir a la población colombiana. Sumado a lo anterior, los sonados escándalos de magistrados de las altas Cortes no son casos aislados, sino que obedecen a la instrumentalización del derecho al servicio de los detentadores del poder, cuya esencia es el control social mediante el poder judicial.

Es evidente que la Corte Suprema de Justicia de hoy, no es la misma que investigó y condenó a un número considerable de políticos por sus vínculos con el narco paramilitarismo; situación que originó que fuera hostigada durante el gobierno de Uribe (2002-2010). Relaciones desquebrajadas que fueron reparadas de forma inmediata por Santos durante la primera etapa de su primer periodo de gobierno (2010-2014), con la intención de controlar la rama judicial, para desarrollar su propuesta de gobernabilidad a espaldas del pueblo colombiano.

La eficacia del sistema judicial colombiano es selectiva; mientras que el nivel de impunidad en casos graves de violaciones de Derechos Humanos es sumamente alto, en los procesos penales contra opositores políticos es efectiva, acudiendo a la criminalización de la protesta social y en general a la aplicación de un derecho penal contra el “enemigo interno”. Igual función cumple el derecho civil al servicio del sistema financiero, en detrimento de las y los colombianos que aspiraron a obtener vivienda propia.

 

“Se corrompió la sal”

La Corte Constitucional no es la misma de sus inicios en 1991; porque cedieron sus posturas a concepciones reaccionarias, producto de su apoderamiento por parte de sectores políticos de ultraderecha; o que decir del magistrado Alberto González señalado de apropiarse de los recursos de una viuda producto de una demanda administrativa.

Otro caso emblemático es el papel que jugaba el magistrado Villarraga del Consejo de Estado, encargado de dirimir los conflictos de competencia a favor de la justicia penal militar, en los casos de ejecuciones extrajudiciales denominados mediáticamente como “Falsos Positivos”, según denuncia del coronel Gonzales del Río.

A lo anterior se suma los escándalos de los magistrados que cumplen su periodo en una Corte y automáticamente ingresan a otra corporación o dependencia del Estado, tal como sucedió en la Procuraduría con Ordoñez quien fungió anteriormente como magistrado del Consejo de Estado.

Crisis que se agrava además con el nepotismo, la corrupción de alto nivel y nombramientos de magistrados respondiendo a favores políticos.

 

Funcionarios y trabajadores precarizados

La situación laboral de los funcionarios de la rama Judicial no es igual para todas y todos; es conocido que los derechos adquiridos por estos es a partir de un decreto de nivelación salarial, expedido durante el gobierno de Samper (1994-1998), cumpliéndose parcialmente, en el que un citador de un juzgado municipal recibe un salario mensual de 800 mil pesos, mientras un magistrado o magistrada de las altas Cortes recibe más de veinte millones.

Igual situación ocurre con el “plan tortuga” de las y los miembros del Inpec; quienes exigen mejores condiciones laborales, porque sufren una sobrecarga de trabajo, debido al hacinamiento carcelario e inestabilidad laboral, generados por el proceso de privatización con la reciente reforma al Código penitenciario.

No podemos perder de vista que el Inpec es acusado de cometer sistemáticamente violaciones de Derechos Humanos, contra la población privada de la libertad, quedando claro que en las reivindicaciones gremiales de los guardia prima el concepto de seguridad por encima del tratamiento digno a las y los presos.

 

Crisis carcelaria

La situación de las 112 cárceles del país es grave debido al hacinamiento de un 54 por ciento, donde prisiones como la Modelo de Bogotá y Bucaramanga, el índice de hacinamiento supera el 300 por ciento, produciéndose una crisis estructural producto de la Política Criminal de Estado, que pretende resolver los conflicto sociales con nuevos tipos penales e incremento de las penas para los delitos existentes, con aplicación por regla general, de la privación de libertad preventiva sin importar la condición subjetiva del procesado o procesada.

Es indiscutible que la mayoría de las y los trabajadores de la base de Asonal y del Inpec le sobran razones para salir a paro. En común soportan sobrecarga laboral; proliferación de enfermedades de origen profesional en especial siquiátricas e inestabilidad en sus puestos de trabajo, además de la precarización de sus condiciones laborales. Todo porque el régimen prioriza el presupuesto para sostener el aparato de guerra por encima del mejoramiento de las condiciones laborales de las y los funcionarios públicos.

Es necesario que las reivindicaciones de carácter económico pasen a posturas políticas, que cuestionen de fondo las instituciones diseñadas para reprimir al pueblo colombiano, con lo que se origine un salto cualitativo, necesario para la construcción de una nueva sociedad. Esta pretensión no es quimérica, ya Asonal en otro momento de su existencia realizó una práctica sindical de clase.

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